Gobierno ordena la intervención del hospital Teodoro Maldonado Carbo tras asesinato de jefe de servicios generales
La intervención, con miras a neutralizar posibles presiones o intimidaciones vinculadas a procesos como contratación, tendrá una duración inicial de 180 días.
El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, dispuso la intervención temporal del Hospital de Especialidades Teodoro Maldonado Carbo, uno de los principales centros de atención del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) en Guayaquil, con miras a recuperar el control institucional y reforzar su seguridad.
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La medida se adopta tras una serie de hechos violentos que han afectado al hospital en los últimos años, entre ellos el asesinato del jefe de Servicios Generales, Carlos Maruri, ocurrido este martes afuera de su domicilio en la ciudad, donde fue interceptado por hombres armados mientras se hallaba en su vehículo.
El documento también menciona el asesinato de Nathaly López Borja, directora administrativa del hospital, ocurrido en marzo de 2023 en el sector de La Pradera, en el sur de Guayaquil.
Según detalló Daniel Noboa en un pronunciamiento a través de X, el funcionario asesinado se habría negado a firmar contrataciones vinculadas a presuntas mafias que operarían detrás de supuestos servicios de limpieza dentro del hospital.
El decreto señala que la intervención busca, entre otros puntos, prevenir la infiltración de grupos de crimen organizado en la gestión hospitalaria y neutralizar posibles presiones o intimidaciones vinculadas a procesos como contratación, adquisición de medicamentos e insumos médicos y administración de bodegas.
Durante el período de intervención, el Ministerio de Salud Pública asumirá directamente la administración del hospital.
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La cartera de Estado tendrá un plazo máximo de cinco días para designar a un interventor que ejercerá la máxima autoridad administrativa y operativa del establecimiento.
Órdenes para proteger a funcionarios y vigilar procesos
La persona que ocupe ese cargo deberá conformar un equipo técnico, administrativo, financiero y jurídico para ejecutar las medidas necesarias y supervisar la operación del hospital.
Además, el decreto ordena la coordinación entre el Ministerio de Salud, el Ministerio del Interior del Ecuador, el Ministerio de Gobierno del Ecuador y el Ministerio de Defensa Nacional del Ecuador para garantizar la seguridad del establecimiento, proteger a los funcionarios y reforzar el control de accesos y perímetros.
Se prevé que dentro de un plazo de treinta días, el Gobierno disponga de un inventario físico y documental de medicamentos, insumos médicos y dispositivos hospitalarios, así como un informe de revisión de los procesos de contratación y compras relacionados con abastecimiento, mantenimiento y seguridad.
El Ejecutivo también implementará controles reforzados de trazabilidad y cadena de custodia para evitar irregularidades en el manejo de medicamentos e insumos.
El decreto agrega que el interventor deberá remitir informes periódicos a la Presidencia de la República, inicialmente cada quince días durante los primeros dos meses y posteriormente de forma mensual, detallando las medidas adoptadas, los riesgos detectados y el estado de funcionamiento del hospital.
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La intervención tendrá una duración inicial de 180 días, aunque el plazo podrá extenderse mediante un nuevo decreto si las autoridades consideran que persisten las causas que motivaron la medida.
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