La intervención, con miras a neutralizar posibles presiones o intimidaciones vinculadas a procesos como contratación, tendrá una duración inicial de 180 días.
La Fiscalía ha abierto varias investigaciones por compras irregulares de insumos médicos y en contratos de servicios, y ha señalado que esas redes delictivas se extienden a otros hospitales públicos.
