Funcionarios y contratista son procesados por peculado con insumos médicos para el IESS
Fiscalía formuló cargos contra cuatro personas (tres funcionarios y un contratista) por su presunta participación en el delito de peculado en la compra de insumos médicos y prótesis para el Área de Traumatología del Hospital Teodoro Maldonado Carbo, del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).
La investigación inició a mediados de julio de 2021, tras haber recibido un Informe con Indicios de Responsabilidad Penal por parte de la Contraloría General del Estado (CGE), por un presunto perjuicio de cerca de 1’455.462 dólares en un contrato para el área médica de la casa de salud, en el periodo correspondiente al año 2019.
Una vez recaudados los elementos de convicción, Fiscalía solicitó la audiencia de formulación de cargos –misma que se fue postergada en varias ocasiones– hasta su reanudación ayer martes 16 de agosto.
En la diligencia desarrollada en la Unidad judicial Sur Valdivia, el fiscal de la Unidad de Administración Pública, César Suárez, presentó: el Informe con Indicios de Responsabilidad emitido por la CGE y el informe contable que determina el perjuicio económico.
Además, el informe del Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop), las versiones de los auditores de la CGE, las copias certificadas del contrato remitido por el IESS, el acta de entrega-recepción de las prótesis, los requerimientos solicitados para el área de traumatología, la pericia de contratación pública (que ratifica incumplimientos de procedimientos) y la certificación del Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador.
A estos se sumaron los informes investigativos de inspección ocular técnica de Criminalística e investigativo de la Unidad de Delitos Anticorrupción, ambas de la Policía Nacional, entre otros.
La jueza de Garantías Penales, Magdalena Preciado, emitió medidas cautelares de prohibición de salida del país y presentación cada quince días ante Fiscalía para los procesados Susana Sumoy E. D., César Emilio V. B., Angélica Andrea R. J. (los tres funcionarios de la casa de salud) y Julia Katheryne M. P. (contratista). Además, resolvió para cada uno la prohibición de enajenar bienes por un monto de 350.000 dólares (para cada procesado).
El cierre de la instrucción fiscal será en noventa días.
No obstante, los cuatro procesados enfrentan otro proceso penal –también por peculado–, que se encuentra en etapa preparatoria de juicio, misma que se resolverá en las próximas semanas, una vez que el juez de la causa, Patricio Vidal, llame a las partes procesales para informar su resolución.
El artículo 278 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) sanciona el delito de peculado con pena privativa de libertad de diez a trece años.
