Diez farmacias fueron clausuradas durante el denominado Operativo Pandora, desplegado en los alrededores del Hospital de Especialidades Teodoro Maldonado Carbo, en el sur de Guayaquil, tras detectarse presuntas irregularidades que incluyen la venta de medicamentos pertenecientes al sistema público de salud.
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El control sorpresa fue ejecutado conjuntamente por la Policía Nacional, la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (Arcsa) y la Dirección de Justicia y Vigilancia del Municipio de Guayaquil.
En total, las autoridades allanaron 20 establecimientos, de los cuales la mitad terminó clausurada debido a las irregularidades encontradas durante las inspecciones.
Uno de los principales hallazgos fue la comercialización de medicamentos identificados como de "uso institucional" en farmacias privadas. De acuerdo con la información recabada durante el operativo, los fármacos pertenecían a lotes y bodegas del propio Hospital Teodoro Maldonado Carbo.
Otro de los establecimientos intervenidos mantenía dosis de fentanilo, un potente opioide de uso controlado, que presuntamente era comercializado sin receta ni autorización médica, pese a que su expendio requiere prescripción.
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Además, en otra farmacia se encontró una pistola traumática con proyectiles. Según el reporte del operativo, el propietario no pudo presentar documentación que respaldara legalmente su tenencia.
Otras clausuras se habían registrado días antes
El Operativo Pandora se suma a una serie de intervenciones realizadas durante los últimos días en establecimientos ubicados alrededor de hospitales públicos de Guayaquil, ante indicios de una posible salida irregular de medicamentos de la red estatal.
En los alrededores del Hospital Abel Gilbert Pontón, las autoridades clausuraron previamente dos farmacias en las que encontraron medicamentos caducados y en mal estado, además de fármacos pertenecientes al sistema público que estaban siendo comercializados fuera de los canales oficiales.
Una situación similar se detectó cerca del Hospital Matilde Hidalgo de Procel, en el Guasmo sur. Allí, los inspectores encontraron un establecimiento que vendía medicamentos del sistema público y productos cuyas fechas de caducidad presuntamente habían sido alteradas.
Durante esa intervención, la persona a cargo del local intentó impedir el ingreso de los equipos de control, por lo que fue necesaria la actuación de la Policía para acceder al establecimiento. El responsable terminó detenido.
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Tras esos primeros operativos, las autoridades anunciaron que realizarían la trazabilidad de los medicamentos decomisados para determinar desde qué hospitales o bodegas salieron y establecer posibles responsabilidades por su comercialización irregular.
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