Exfuncionarios del Hospital Teodoro Maldonado van a juicio por peculado; Fiscalía descubrió perjuicio en un contrato
Fiscalía emitió dictamen acusatorio contra siete procesados por presunto peculado en la compra de insumos médicos en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).
La investigación se centró en un contrato del 2018, por 938.969 dólares, y destinado para la compra y adquisición de insumos médicos correspondientes a cánulas de guedel, filtro bacteriano, humificador descartable y estéril, sondas, filtro higroscópico, entre otros productos, destinados para la Unidad de Terapia Respiratoria del centro hospitalario.
No obstante, el contrato habría ocasionado un perjuicio superior a los 300.000 dólares a la casa de salud en Guayaquil.
En varios allanamientos ejecutados la noche del jueves 25 de febrero en Guayaquil, varias personas fueron detenidas por su presunta participación en delito de peculado.
La acción, que contó con la participación de varios agentes fiscales y personal de la Unidad de Delitos Aduaneros y Tributarios de la Policía Nacional, se llevó a cabo en las Urbanizaciones Puerto Azul y Los Ángeles, y en la parroquia Febres Cordero.
En la reinstalación de la audiencia preparatoria de juicio, desarrollada en la Unidad Judicial Sur Valdivia, el martes 24 de mayo, el fiscal de la Unidad de Administración Pública, César Suárez Pilay, presentó como elementos de convicción: el resultado de un informe de Indicios de Responsabilidad Penal emitido por la Contraloría General del Estado, por el período comprendido entre el 1 de enero de 2014 y el 31 de octubre de 2019; las pericias de contratación pública y contables, el informe de la Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop), el informe de requerimientos oficio y memorándum emitidos por el casa de salud, con relación a las autorizaciones previas para la suscripción de convenios de pagos y las acciones de personal de los exfuncionarios de la entidad de salud.
El juez de Garantías Penales, Roberto Calderón, acogió en parte el pedido de la Fiscalía y dictó auto de llamamiento a juicio para Gustavo Adolfo P. J. (exdirector de la casa asistencial), Jorge Josué H. A. (exjefe de Compras Públicas), Cristina María A. R. (exasistente de Compras Públicas) y Juan Pablo J. D. (proveedor).
A Jorge Josué H. A. y a Cristina María A. R. se les ratificó la prisión preventiva y –debido a qué se encuentran prófugos– se dispuso la difusión a la Policía Internacional (Interpol) para su localización.
Mientras que para Gustavo Adolfo P. J. y Juan Pablo J. D. se ratificaron las medidas cautelares de prohibición de salida del país y su presentación periódica cada quince días ante la autoridad judicial.También emitió medidas cautelares reales, como prohibición de enajenar bienes para todos los procesados.
Por otra parte, al no encontrar indicios de responsabilidad penal, el Magistrado dictó auto de sobreseimiento a favor de César Antonio T. G., Juan Vicente M. A. y Lady Gabriela Z. V., integrantes de la Comisión Técnica del Hospital Teodoro Maldonado Carbo.
Fiscalía apeló verbalmente el auto de sobreseimiento, ya que considera que no se valoraron los elementos de convicción presentados y que los sobreseídos habrían habilitado a dos proveedores que no reunían los requisitos, siendo lo correcto haber declarado nulo dicho proceso.
Fiscalía procesó este caso según lo dispuesto en el artículo 278, inciso primero, del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que sanciona con pena privativa de libertad de diez a trece años, a los servidores y las personas que actúan en virtud de una potestad estatal, en beneficio propio o de terceros, abusen, se apropien, distraigan o dispongan arbitrariamente de bienes muebles o inmuebles, dineros públicos o privados.
