Dejan por escrito sentencia de 10 años de prisión contra el narco serbio Jezdimir Srdan
Una investigación determinó que entre 2021 y 2023 una estructura por Sdan recibió desde Alemania más de USD 1,3 millones para capitalizar empresas fachada en Ecuador.
El Tribunal de Garantías Penales Especializado en el Juzgamiento de Delitos de Corrupción y Crimen Organizado dejó por escrito, este 25 de febrero de 2026, la sentencia que impone diez años de privación de libertad al ciudadano serbio Jezdimir Srdan, hallado culpable del delito de lavado de activos. La decisión fue adoptada con el voto de mayoría de los jueces Carlos Serrano y Javier Fierro.
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La resolución también alcanzó a otras tres personas naturales y dispuso la disolución de las empresas Vivo Pro Vobis S.A., Servi Seguridad Serviseg Cía. Ltda. y Boncamarao S.A., utilizadas —según la investigación— para canalizar los recursos de origen ilícito.
Como parte de las sanciones, el tribunal ordenó el pago de multas equivalentes al triple del monto lavado y la confiscación de los bienes adquiridos con dinero proveniente de actividades ilegales.
Una estructura para legitimar capitales
Durante el juicio se estableció que Srdan integró, junto con los demás procesados, incluida su esposa, Alexandra Dominga F. O., una organización orientada a ocultar y dar apariencia de legalidad a fondos vinculados al tráfico internacional de drogas.
Para ello se habrían utilizado compañías, transferencias desde el exterior, compra de bienes y maniobras societarias irregulares.
La investigación en torno a la causa, denominada Euro 2024, determinó que entre 2021 y 2023 la estructura recibió desde Alemania más de USD 1,3 millones a través de la firma Jezdimir Fernández S. A., que posteriormente cambió su razón social a Vivo Pro Vobis.
Ese dinero, de acuerdo con la Fiscalía, sirvió para capitalizar empresas en Ecuador y encubrir su origen ilícito.
Con base en información bancaria, societaria, financiera e inmobiliaria, el Ministerio Público calculó que el monto total del lavado —incluidos los rendimientos generados— asciende a aproximadamente USD 11,19 millones.
Un juicio marcado por presiones y amenazas
El proceso judicial tuvo amplia repercusión pública por las denuncias de intimidaciones contra el juez anticorrupción Carlos Serrano.
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A esto se sumaron cuestionamientos sobre supuestas presiones dentro del Consejo de la Judicatura para favorecer al sentenciado, lo que derivó en un escándalo político que involucró al entonces presidente del organismo, Mario Godoy.
El pasado 18 de febrero, Godoy renunció en medio de la controversia y posteriormente fue censurado y destituido por la Asamblea Nacional tras un juicio político.
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