El poder que los grupos criminales han adquirido en las cárceles alimenta la violencia en Ecuador, pues las prisiones se han convertido en espacios desde los que se coordinan actividades ilícitas y disputas territoriales, por lo que se requiere una reforma estructural del sistema penitenciario para que una política de seguridad sea efectiva, advirtió un informe de la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado.
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En el documento, denominado 'Captura carcelaria. Gobernanza criminal en el sistema penitenciario del Ecuador', la organización analiza cómo este poder dentro de las cárceles "no surgió de la noche a la mañana", sino que se desarrolló por años junto con las deficiencias estructurales de la administración penitenciaria, el hacinamiento crónico, la falta de financiación y la progresiva retirada del control estatal efectivo.
La violencia intramuros motivada por las disputas de poder entre bandas o la sucesión de liderazgos, que entre 2018 y 2024 dejó 717 reos asesinados, trascendió a las calles, lo que ha generado una crisis sin precedentes, al registrar un récord de 9.216 homicidios solo en 2025.
El informe señaló que la gobernanza criminal y el aumento de la violencia en Ecuador se sostienen por el poder y financiamiento que los grupos criminales han adquirido dentro de las cárceles, facilitados por la falta de control estatal o la asignación de pabellones según el tipo de pandilla, entre otras.
"La economía criminal atraviesa todos los ámbitos de la vida en la cárcel", señaló el documento, pues se debe pagar dinero desde el momento del ingreso, especialmente si se quiere ir a pabellones "menos violentos". Las tarifas rondan los 1.500 dólares.
Posteriormente, los presos que lideran los pabellones cobran entre 200 y 300 dólares por cada espacio de cama en la celda, además de 10 dólares semanales por concepto de ocupación, y aproximadamente 13 dólares adicionales por limpieza.
El acceso a alimentos, pese a ser un derecho garantizado, está regulado por los grupos criminales, y también se paga por atención sanitaria y acceso a medicinas, apuntó el informe.
También agregó que antes de las masacres carcelarias, las familias pagaban alrededor de 150 dólares por protección. Sin embargo, las tasas aumentaron a 400 y, en 2025, alcanzaron un máximo de 1.500 en las prisiones de Guayaquil.
Nada de esto -indicó la investigación- sería posible sin la complicidad de guías penitenciarios, policías, militares y hasta directores de cárceles, "que participan por interés propio, coerción o amenazas".
La organización señaló que la militarización, impuesta en algunas prisiones desde que en 2024 el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, declaró un "conflicto armado interno" para combatir a los grupos delictivos, "no ha logrado los objetivos de disminuir el poder de las estructuras criminales".
Tampoco ha impedido que las decisiones de los líderes o cabecillas criminales encarcelados tengan influencia o se cumplan en las calles, lo que ha exacerbado la violencia, apuntó el informe.
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Por lo que para que haya una "transformación sostenible" y que cualquier política de seguridad más amplia sea efectiva es necesario recuperar el control de las prisiones protegiendo a las instituciones de seguridad e inteligencia y desmantelando esos negocios que han convertido a las cárceles en el "eje central de la gobernanza criminal nacional", agregó.