A través de un video difundido en la red social X, el legislador —afín a la bancada de la Revolución Ciudadana— calificó el proceso como una persecución.
Fiscalía investigó la venta irregular de cinco lotes de terreno de propiedad municipal a funcionarios del GAD del cantón Mera y a un familiar de la entonces alcaldesa.
El informe señaló que la gobernanza criminal y el aumento de la violencia en Ecuador se sostienen por el poder que los grupos criminales han adquirido dentro de las cárceles.
Los mensajes incluían amenazas explícitas y el envío de fotografías de armas de fuego, además de fijar un plazo límite hasta el mediodía para realizar un depósito de USD 5.000.
