El informe señaló que la gobernanza criminal y el aumento de la violencia en Ecuador se sostienen por el poder que los grupos criminales han adquirido dentro de las cárceles.
Los mensajes incluían amenazas explícitas y el envío de fotografías de armas de fuego, además de fijar un plazo límite hasta el mediodía para realizar un depósito de USD 5.000.
