Así fracasó el trámite para la extradición desde España de ‘comandante Willy’, líder de Los Tiguerones
Las autoridades ecuatorianas se tiran la pelota y aún no explican en quién recaen las responsabilidades. Comandante Willy llevaba año y medio en una cárcel española.
Con base en fuentes oficiales en España y Ecuador, Vistazo y Código Vídrio reconstruyen, la ruta del trámite fallido. El error de proceso en Ecuador, que tuvo dos momentos claves, condujo a la liberación del temido líder de Los Tiguerones, William Joffre Alcívar Bautista, comandante Willy.
El presidente Daniel Noboa se enteró del fiasco en medio de sus vacaciones. El Gobierno, aunque no lo ha reconocido, investiga quién o quiénes fueron los responsables. La liberación desnuda las fallas de coordinación entre instituciones y la ausencia de una autoridad encargada directamente del seguimiento y la coordinación interinstitucional en casos de gran importancia.
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Cuando Ecuador pidió a España la extradición del líder de Los Tiguerones, quien fue detenido la tercera semana de octubre de 2024 en ese país, arrancó un trámite que debía cumplir varios requisitos, que siguen estándares del derecho internacional y concretamente de la Unión Europea
El 29 de diciembre de 2025, la justicia española dictaminó que la parte ecuatoriana no cumplió todos los pasos, como se había requerido. El resultado, que cayó como una bomba para el régimen, fue la liberación de William Joffre Alcívar Bautista, comandante Willy. Su captura había sido difundida un año antes por el gobierno como un logro sin precedentes, producto de la coordinación entre las policías de ambos países.
Esta alianza reconstruyó la ruta de este trámite fallido. Para esto, se basó en fuentes oficiales tanto en España como en Ecuador.
La Audiencia Nacional (poder judicial español) hizo dos solicitudes concretas al gobierno ecuatoriano en junio y septiembre de 2025.
En junio, el juez español que tramitaba el proceso de extradición pidió que Ecuador enviara las garantías de que, una vez en Ecuador, Alcívar estaría seguro, sin que su vida corriera ningún peligro, en concordancia con la legislación española, que sigue estándares europeos.
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La tercera semana de septiembre de 2025, la justicia española reiteró al Estado ecuatoriano el pedido de garantizar la vida e integridad de Alcívar Bautista, ante la crisis penitenciaria e institucional, que estaba fuera de control por las constantes matanzas en varios presidios.
Al formalizar esta petición estableció un plazo fatal. Tres meses a partir de esa solicitud, ante la falta de respuestas, el detenido quedaría en libertad.
Eso fue lo que efectivamente sucedió, coincidieron fuentes en ambos países, entrevistados por esta alianza. Las versiones oficiales de Cancillería y del Ministerio del Interior ecuatorianos fueron solicitadas para elaborar este informe. Al cierre de esta entrega, ninguna de las dos instituciones respondió, pero aún esperamos una respuesta.
Ésta es la cronología de los hechos
Octubre 23, 2024: William Alcívar fue detenido en Tarragona, Cataluña, gracias a labores de la inteligencia española. Las autoridades ecuatorianas reivindicaron la acción como conjunta.
Ese mismo día, la entonces ministra del Interior, Mónica Palencia, se salvó de ser censurada y destituida por el correísmo en el Legislativo. Se requerían 92 votos y se consiguieron 77. Fuentes consultadas por esta alianza coinciden en que la noticia de la captura de Alcívar fue el golpe mediático que contribuyó para salvar a Palencia de la censura legislativa.
Las autoridades ecuatorianas iniciaron el pedido para una extradición activa. En ese trámite, Ecuador cumple con lo previsto en la Ley de Extradición, vigente desde el año 2000.
El artículo 30 de la Ley contempla que en procesos con orden vigente de prisión preventiva o sentencia en contra de un prófugo, el juez competente debe solicitar la notificación roja a INTERPOL. Cuando la persona ha sido ya ubicada en el extranjero, se eleva la petición ante la presidencia de la Corte Nacional de Justicia, CNJ.
Tras su detención, Alcívar Bautista requirió los servicios legales de uno de los abogados más prestigiosos en España.
Se trata de Gonzalo Boye Tuset, jurista de alto perfil mediático. Nació en Chile en 1965 pero se radicó en España a partir de 1987. Fue simpatizante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR).
Fuentes en ese país dan cuenta que fue detenido en 1992. La Audiencia Nacional lo condenó a 14 años, por un secuestro atribuido a ETA. En prisión estudió Derecho y para 2002 salió en libertad. Concedió una entrevista a la universidad que lo tituló como abogado. En ella, afirma que nunca ha negado lo ocurrido; estudió derecho mientras estaba preso. Su trayectoria como jurista ha generado revuelo por los casos que patrocinó.
Se vinculó al equipo de defensores de Carles Puigdemont, acusado de sedición en un intento por lograr la independencia de Cataluña.
Fue abogado en la causas particular de una mujer chilena que perdió a su marido en la explosión ocurrida el 11 de marzo de 2004, en la estación de tren de Atocha, Madrid. En el atentado murieron cerca de 200 personas y otras 1.900 resultaron heridas.
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Mayo 2025: La justicia española advirtió que accedería al pedido de extradición, pero establecía que el Estado ecuatoriano debía garantizar que la vida y la integridad del ciudadano requerido no correrían peligro si se concretaba el traslado. Este argumento de indefensión elaborado por el potente equipo de defensores contratado por el comandante Willy.
Junio 2, 2025: William Alcívar compareció ante la Audiencia Nacional. Para entonces, su defensa liderada por el abogado Boye Tuset había insistido en el argumento de que su vida corría peligro, considerando que en Ecuador la crisis carcelaria no está superada.
Junio 12, 2025: Según el ministro del Interior, John Reimberg, en esta fecha la Corte Nacional de Justicia cumplió con el envío de las garantías requeridas que luego debían remitirse a través de la Cancillería.
Junio 23, 2025: Un juez de la Audiencia Nacional de España informó que se concedía la extradición, siempre y cuando el Estado ecuatoriano pudiera garantizar condiciones mínimas de seguridad para el detenido. Condicionó la entrega a que Ecuador cumpliera todas esas exigencias, en sintonía con recomendaciones de la Comisión Interamericana de DD.H. con la cual España tiene acuerdos.
Agosto de 2025. La justicia española pidió que Ecuador enviara más garantías para proteger la integridad del líder de Los Tiguerones. Esto en vista de que los hechos violentos en las prisiones habían aumentado. Ese precisamente fue el argumento del abogado de Willy, quien presentó una nueva solicitud ante el juez de la Audiencia Nacional que tramitaba el pedido de extradición.
En ese documento detallaba que el riesgo para su cliente había aumentando por homicidios ocurridos en varias cárceles, adjuntando noticias y fotografías de esos hechos. Ante este nuevo requerimiento, el juez elevó la petición a un tribunal de la sección penal de la Audiencia, para que delibere. La nueva solicitud partió de este tribunal y por tanto de un estamento jerárquico superior en la Audiencia Nacional.
Septiembre 22, 2025: El Ministerio de Exteriores de España (el equivalente a la Cancillería) notificó a la embajada de Ecuador en Madrid que fijaba un plazo de tres meses, para que la contraparte presentara más garantías sobre las condiciones carcelarias. Ese mismo día, 14 presos murieron y al menos 13 se fugaron de la cárcel de Machala, luego de una jornada que empezó con explosiones y disparos. Entre los muertos había un guardia penitenciario.
Diciembre 22, 2025: Venció el plazo de tres meses. Según la parte oficial española, no se recibió respuesta de sus homólogos ecuatorianos, a esta segunda petición originada en el tribunal. Las fuentes coinciden en que el sistema español es garantista de derechos. En este contexto, cumple con acuerdos de la Unión Europea y de la CIDH. Estos protocolos obligan a garantizar la protección de la integridad del extraditado, antes de concretarla.
Diciembre 29, 2025: La autoridad española emitió un auto notificando y motivando la decisión de liberar a Alcívar. Entre los argumentos se menciona que la detención provisional empezó en octubre de 2024.
Enero 04, 2026: El mandatario Daniel Noboa se enteró de la liberación en medio de sus vacaciones y pidió que se esclarezca si hubo un error y quién o quiénes lo cometieron, revelaron fuentes del entorno presidencial. Las siguientes horas y días las autoridades ecuatorianas se comunicaron con sus contrapartes españolas para averiguar lo ocurrido en detalle y buscar que se retome la recaptura de Willy, aunque la decisión, según recalcaron autoridades españolas no dependía del gobierno sino del poder judicial, según recalcaron autoridades españolas no dependía del gobierno sino del poder judicial.
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Enero 08, 2026: Se hizo pública la noticia de la liberación. En Ecuador las instituciones empezaron a lanzarase la pelota, respecto a las responsabilidades y omisiones. Y el dedo acusador se dirigió a España.
¿Quién es el comandante Willy?
Era guía penitenciario. En 2019, cuando prestaba sus servicios en la Penitenciaría de Guayaquil, William Joffre Alcívar Bautista ayudó a la fuga de su hermano, Luis Ernesto, sentenciado por asesinato, y de otros presos.
Con sus hermanos creó la estructura delictiva que se constituyó en el grupo Los Tiguerones, cuyo bastión es la provincia de Esmeraldas.
Fue procesado por asesinato, pero mediante estratagemas jurídicas obtuvo su libertad en 2018. A España habría viajado poco después de la pandemia, con documentos falsos que acreditaban su identidad como ciudadano colombiano.
Con él vivía su hermano Álex Iván, conocido como Ronco, el segundo al mando en esa organización. Desde el exterior Willy habría sido el cerebro detrás de la toma violenta del canal TC Televisión en enero de 2024. Para expertos, éste habría sido un hecho violento para posicionar su marca violenta en el mundo delictivo.
En agosto de 2024 su padre fue sentenciado a cinco años por delincuencia organizada. A partir de entonces se intensificó la búsqueda de los hermanos Alcívar Bautista.
En Cataluña él y su hermano mantenían negocios de limpieza, encomiendas y transporte, pero se trasladaban en autos de alta gama. Esto intrigó a las autoridades españolas.
En un chalet de Segur de Calafell, municipio de la provincia de Tarragona, vivían con otras seis personas, incluyendo una mujer y una niña. Éste es un lugar reconocido por sus playas y recomendado para el turismo familiar. Esta urbanización privada, constituida hace 70 años, fue concebida como un refugio de casas bajas junto al mediterráneo. En esta zona, el alquiler de una vivienda tiene un valor mensual superior a 1.900 euros.
“Vivía como príncipe”, según la Policía. La última semana de octubre de 2024 ambos fueron detenidos en un operativo conjunto de las policías de los dos países. Autos de lujo se encontraban entre sus pertenencias.
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