El Consejo de la Judicatura (CJ) tomó acciones contra el juez que ordenó la liberación de Lizandro L., presunto integrante del grupo criminal ‘Los Lobos’, apenas horas después de haber sido aprehendido dentro de una ‘narcovivienda’.
Tras conocerse que el supuesto integrante del grupo de delincuencia organizada (GDO) fue liberado a través de medidas cautelares, la institución dispuso este domingo, 17 de agosto de 2025, el inicio urgente de una investigación exhaustiva contra el juez del cantón La Maná, provincia de Cotopaxi, que adoptó esta decisión.
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La investigación tiene como finalidad identificar si el juez que lo liberó incurrió en alguna inconducta en el ejercicio de sus funciones. La Subdirección de Control Disciplinario y la Dirección Nacional de Transparencia serán las encargadas de ejecutar las acciones correspondientes.
El integrante del GDO fue aprehendido la madrugada del viernes 15 de agosto, mientras permanecía en una vivienda, ubicada en el cantón Quevedo, provincia de Los Ríos; y, fue puesto en libertad horas después.
Lizandro L. fue procesado por el presunto delito de tenencia y porte de armas. Sin embargo, en la audiencia de flagrancia realizada la noche de ese mismo viernes, el juez de la Unidad Judicial Multicompetente Penal de La Maná dispuso medidas cautelares: prohibición de salida del país y presentación periódica ante la autoridad competente. De esta manera, el procesado enfrentará el caso en libertad.
El CJ enfatizó que quienes están encargados de administrar justicia, deben actuar siempre dentro del ordenamiento jurídico, -"sobre todo en un contexto tan delicado como el actual, donde acciones de esta índole pueden atentar contra la transparencia, institucionalidad y comprometer gravemente la reputación del sistema judicial".
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Asimismo, la institución aseguró que no permitirá que "decisiones erradas" debiliten la lucha contra la delincuencia y el narcotráfico, ni que jueces actúen en contravención del orden jurídico y de los principios de ética judicial.
Por último, el Consejo de la Judicatura dijo que actuará con firmeza, en el marco de sus competencias, con base en el debido proceso, para depurar y sancionar conductas que comprometan la seguridad ciudadana y la confianza pública en la administración de justicia, "siempre con respeto a la independencia judicial como pilar fundamental del Estado de Derecho".
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El Ministerio de Defensa ha informado que en 2020 Lizandro L. se desempeñaba como guardia de seguridad en el Ministerio de Gobierno, pero “en poco tiempo pasó de ser un servidor público a convertirse en un presunto delincuente”.