Cinco nuevos vinculados a presunta red de extorsión que operaba desde 'call center'
De acuerdo con la Fiscalía, la empresa LKL CALL S.A.S. en realidad funcionaba como una fachada para actividades criminales.
La Fiscalía General del Estado amplió este lunes una investigación por el presunto delito de delincuencia organizada con fines de extorsión, vinculando a cuatro personas naturales y una jurídica al proceso.
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Esta causa, que ya involucra a 40 procesados, gira en torno a una estructura criminal que habría operado bajo la apariencia legal de la empresa LKL CALL S.A.S., desde donde se ejecutaban actos de intimidación y extorsión dirigidos a ciudadanos de Ecuador y México.
La audiencia de vinculación se desarrolló en el Complejo Judicial Norte de Quito, presidida por un juez de la Unidad Anticorrupción, quien acogió más de 40 elementos de convicción presentados por la Fiscalía. Como medida cautelar, el magistrado dictó prisión preventiva para los cuatro nuevos implicados.
Asimismo, ordenó a la Superintendencia de Compañías proceder con la clausura provisional y suspensión temporal de actividades de la empresa LKL CALL S.A.S., mientras avanzan las investigaciones.
También se dispuso la prohibición de enajenar bienes y el congelamiento de cuentas bancarias de los cinco nuevos vinculados, con excepción de fondos destinados a pensiones alimenticias o jubilaciones.
Una fachada empresarial para actividades ilícitas
De acuerdo con la Fiscalía, la empresa LKL CALL S.A.S. fue constituida en enero de 2023, y aunque operaba formalmente como un centro de llamadas, en realidad funcionaba como una fachada para actividades criminales, incluyendo la extorsión mediante mensajes y correos amenazantes.
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Las víctimas recibían contenido violento con exigencias de pago.
En junio de 2025, la compañía fue allanada por agentes fiscales y policiales, tras descubrirse que su lugar de operación no coincidía con la dirección registrada oficialmente ante las autoridades.
Los nuevos procesados
Emily Daniela J. T., identificada como gerente general y representante legal de la empresa, abandonó el país después de haber sido notificada por la Fiscalía. Actualmente, pesa sobre ella una orden de captura.
Margarita Fernanda J. A., quien también figura como representante legal y dueña del 100 % de las acciones de LKL CALL S.A.S., mantiene vínculos bancarios con Emily Daniela J. T. y la empresa.
Edwin Rodrigo M. T., contador de la empresa, reveló durante su testimonio que la compañía facturaba entre USD 5.000 y USD 67.000 mensuales, provenientes de cuentas en México y Ecuador.
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Aseguró que más del 80% de los trabajadores no tenía contrato ni afiliación al IESS, y que los pagos se realizaban con fondos extranjeros.
Michael Edward M. Q., técnico de sistemas y luego supervisor, era responsable del mantenimiento de equipos y del software utilizado por los operadores. Entre los programas usados, se identificó el sistema Pegasus, diseñado para ocultar las actividades ilícitas.
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