La jueza Nubia Vera fue impedida de salir del país al término de la audiencia del caso ‘Mueble Fino’, realizada este martes 5 de agosto, como parte de las medidas cautelares dictadas en su contra por el presunto delito de concusión.
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En el Complejo Judicial Norte de Quito, se instaló la audiencia de formulación de cargos contra Vera, quien es magistrada de la Unidad Judicial de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia.
Con base en los elementos de convicción presentados por Fiscalía, un Juez Anticorrupción ordenó la prohibición de salida del país y presentaciones periódicas para Nubia Vera.
Según las investigaciones, la jueza habría solicitado dádivas, incluidos muebles de alto costo, así como dinero, a cambio de "favorecer" a un ciudadano en un juicio que se procesaba en su despacho.
La denuncia fue interpuesta por Kevin Angueta, un padre que estaba inmiscuido en un proceso para la tenencia de un menor de edad.
Angueta relató en la denuncia que Vera supuestamente le “exigió que le invite a comer a ella y a su hija” a un restaurante que ella frecuentaba porque era “discreto, tranquilo y los dueños eran de confianza”.
El sujeto dijo que pagó 70 dólares por la comida. Además, acotó que en la reunión ejecutada en marzo del 2024, la jueza lo habría amenazado, “que si no le cumplía con sus pedidos no volvería a ver a mi pequeño hijo”.
Dentro de las exigencias constaban la entrega de un juego de muebles y comedor, sillas de auditorio para su teatro y clases de manejo para su hija.
El nombre de Vera cobró notoriedad tras fallar a favor de la exvicepresidenta Verónica Abad en una acción de protección que le permitía retomar sus funciones. Posteriormente, la jueza denunció haber recibido amenazas por parte del presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy, en relación con esa decisión judicial.
La concusión –delito imprescriptible según el artículo 233 de la Constitución de la República del Ecuador– está tipificada en el artículo 281 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) y sanciona con prisión de tres a cinco años a “los servidores públicos y a las personas que actúen en virtud de una potestad estatal en alguna de las instituciones del Estado (...) que abusando de su cargo o funciones, por sí o por medio de terceros, ordenen o exijan la entrega de (...) beneficios económicos indebidos [...]”.