La jueza se encuentra procesada por supuestamente exigir dádivas, entre ellas un juego de muebles, por beneficiar a un ciudadano en un conflicto judicial.
El sujeto también ofrecía puestos administrativos a cambio de USD 1.500. Por ello, se enfrenta ahora a la posibilidad de recibir una pena de tres a cinco años de prisión.