Los uniformados, pertenecientes a la Unidad de Control Fronterizo, habrían solicitado dinero para no retener un cargamento de sandalias que era transportado desde Guayaquil.
La jueza se encuentra procesada por supuestamente exigir dádivas, entre ellas un juego de muebles, por beneficiar a un ciudadano en un conflicto judicial.
El sujeto también ofrecía puestos administrativos a cambio de USD 1.500. Por ello, se enfrenta ahora a la posibilidad de recibir una pena de tres a cinco años de prisión.
Tras haber transferido 800 dólares al agente, el detenido por tráfico de drogas no fue liberado. El proceso en su contra siguió y actualmente cuenta con una sentencia condenatoria.
Denuncias ciudadanas presentadas ante la Comisión Metropolitana de Lucha contra la Corrupción “Quito Honesto” revelaron las presuntas acciones ilícitas.
