Exfuncionaria de la Judicatura denuncia que fue dejada 'a merced del crimen organizado'
“Me quedé sin custodia, sin trabajo, sin poder decir nada”, comentó Samantha Lozada.
Samantha Lozada, exdirectora provincial del Consejo de la Judicatura en Orellana, denunció que la institución liderada por Mario Godoy la dejó “a merced del crimen organizado”, ya que no le brindó protección pese a las múltiples amenazas contra su vida. De hecho, tuvo que salir del país.
Uno de los sucesos más perturbadores que enfrentó la exfuncionaria ocurrió el 22 de octubre del 2025, cuando sufrió un ataque armado mientras circulaba en un vehículo junto a su padre.
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El arma con la que le apuntaron se trabó por lo que ella y su padre lograron salir ilesos, aunque el progenitor resultó herido.
En entrevista con Radio Sonorama, Lozada comentó que tuvo que trasladarse a Quito y que pidió una reunión con Mario Godoy para comentarle sobre el atentado, pero fue atendida por una asesora, que le recomendó que renunciara.
Agregó que, por amenazas previas, tenía cinco policías a disposición, pero sin un vehículo blindado.
Posteriormente, el Consejo de la Judicatura aceptó la renuncia de Lozada, quien no interpuso la solicitud formal, sino que Godoy había pedido a todos los directores provinciales que pongan sus cargos a disposición semanas antes.
Agregó que envió cartas al mandatario Daniel Noboa y al Ministerio del Interior, pero no obtuvo respuesta favorable. La Presidencia le contestó que no era su competencia.
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OTRAS AMENAZAS
Lozada también relató que desde que ingresó a la Dirección Provincial del Consejo de la Judicatura de Orellana recibió múltiples amenazas de alias ‘Topo’, considerado el segundo al mando de ‘Los Choneros’ y requerido por Estados Unidos.
En septiembre del 2024, por ejemplo, su hermano recibió un mensaje en el que se decía que en la noche cuando hubiera un corte de luz ingresarían los ‘Comandos de la Frontera’ a asesinarla y en caso de que lograra huir iban a matar a cada miembro de su familia.
Por ese hecho, también fue sacada de Orellana y tuvo apoyo de la Judicatura, pero con el tiempo ella misma asumió los costos de estadía y traslados en la capital.
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“Esta situación de no poder visitar a mi familia, de no poder salir, no tener vehículos, afectó gravemente mi salud mental, al punto de que fui diagnosticada con ansiedad y depresión grave con estrés postraumático”, contó Lozada.
Agregó que solicitó a la Judicatura que suspenda al juez que liberó a alias ‘Topo’, pero la exfuncionaria dice que esa medida hasta el día de hoy no ha sido atendida.
JUDICATURA SE PRONUNCIA
Luego de que saliera a la luz este caso, el Consejo de la Judicatura emitió un comunicado en el que afirma que las declaraciones de Lozada son “imprecisas”.
Añadió que “no existen denuncias oficiales ante la Dirección Nacional de Transparencia de Gestión que vinculen a jueces o fiscales de la provincia de Orellana con redes delictivas, más allá de un caso específico y debidamente formalizado”.
Sobre el tema de la desvinculación, la Judicatura dice que “la exfuncionaria presentó su renuncia de manera formal y verbal a las autoridades, la cual fue aceptada por el Pleno”.
Por su parte, Lozada solicitó a Godoy que exhibiera el documento de la renuncia al país.
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