Exasambleísta Daniel Mendoza da detalles sobre movimientos de dinero en el caso Pedernales; dice que Azuero lo presionaba | Vistazo

Exasambleísta Daniel Mendoza da detalles sobre movimientos de dinero en el caso Pedernales; dice que Azuero lo presionaba

Redacción Martes, 15 de Septiembre de 2020 - 14:10
Facebook
Twitter
Email
Dentro de la investigación que sigue la Fiscalía por el delito de delincuencia organizada por el caso de corrupción en la construcción del hospital de Pedernales, el exlegislador Daniel Mendoza amplió su versión por tercera vez y dio más detalles de los movimientos económicos, este lunes 14 de septiembre de 2020.
 
En la diligencia, Mendoza, quien cumple prisión por este proceso, dijo que el exasambleísta prófugo, Eliseo Azuero, le pidió intervenir para cobrar dinero. Según Mendoza, él solo dio apoyo logístico para cobrar unos cheques.
 
“Me solicitó ayuda para poder efectivizar lo que el contratista le estaba entregando por concepto de pago de coimas para él y los integrantes de su bancada legislativa, a través de Franklin Calderón (procesado), y Jorge Jalil (prófugo)”, dijo Mendoza a la Fiscalía. 
 
Según su versión, se efectivizaron $360.000 para “cumplir con el pago a Eliseo Azuero y sus compañeros de bancada”.
 
Y agregó que, Azuero le confirmó que “recibió y entregó dinero en dos momentos”: primero $360,000 y luego $185.000 más.
 
"Debo mencionar la permanente insistencia que Elíseo (Azuero) ejercía sobre este tema, especialmente porque en esas fechas se estaba tratando un proyecto de Ley Económica urgente que estaba a mi cargo e intentaba presionarme para que lo ayude con esa efectivización de dicho cheque o él y sus compañeros de bancada (BADI) no votarían a favor del proyecto de ley", agregó el exasambleísta.
 
Mendoza dijo que grabó las conversaciones con Azuero "por seguridad" y que él mismo las ha entregado a la Fiscalía.
 
Desde mediados de julio de 2020 se desconoce el paradero del exparlamentario Azuero, quien ha negado todas las acusaciones en su contra y ha dicho que todo es una persecución por su actividad fiscalizadora en la Asamblea Nacional.
 
Según la investigación de Fiscalía, la estructura organizada se dedicaba a cobrar, direccionar réditos económicos y realizar las respectivas maniobras de gestión que requería la organización, para mantener su operatividad.