Esmeraldas, el terremoto desnudó la pobreza | Vistazo

Esmeraldas, el terremoto desnudó la pobreza

Alejandro Pérez | aperez@uio.vistazo.com Jueves, 26 de Mayo de 2016 - 08:01
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Fotos: Cecilia Puebla  

La desventura acompaña a la provincia verde desde antes del terremoto, dejando damnificados por inundaciones y deslaves. El movimiento telúrico fue una desgracia que suma a la lista de pendientes eternos por resolver.

La tragedia parece haberse vuelto parte de la cotidianidad en Esmeraldas. El terremoto del 16 de abril, y sus réplicas que continúan un mes más tarde, muestran que el desastre va más allá de la furia de la tierra. Hay gente sin hogar desde antes del terremoto. Un alud en 2013 acabó con la vida de 13 personas en el poblado Tabete (cercano a la capital provincial). Decenas de familias perdieron el techo, y viven en albergues desde hace tres años.

En enero de este año, el desbordamiento de los ríos Tabiazo y Esmeraldas afectó las casas de barrios populosos. Diecisiete familias que lo perdieron todo aún no encuentran un nuevo hogar y han pasado por cuatro albergues en cinco meses. Nancy Angulo, de 57 años, dice que ya es hora de que les den el techo que les ofrecieron.


Chamanga: televisores, cocinas, ventiladores es la
nueva basura que se suma al improvisado alcantarillado
debajo de las precarias casas que quedaron en pie.

Su compañera, Jacinta Valencia, de 37 años, explica que la vida en el albergue se vuelve intolerable. “Queremos una casa pero en un lugar en el que no vivamos con miedo a morir ahogados”. Ella se dedicaba a vender cloro y otros artículos de limpieza en una tricimoto con su esposo. Nunca supo lo que es el Seguro Social y si consigue otro trabajo, será informal porque no tiene estudios.

Pero el drama no termina ahí. “Ciudadela del Buen Vivir” es el nombre del conjunto residencial de 156 viviendas construidas para reubicar a familias que vivían en zonas de riesgo, a orillas de ríos. Las casas, inauguradas en marzo, fueron construidas por el Gobierno Central. Prometían ser un hogar seguro y definitivo. Tras el terremoto, las columnas que las sostienen quedaron afectadas. Los pobladores buscaron refugio debajo de plásticos improvisados. Los funcionarios del Miduvi llegaron a evaluar las construcciones, colocaron unos soportes debajo de las casas, y pidieron a los habitantes quedarse en las carpas.

Veinte días después del terremoto, volvieron a ocupar las viviendas. Fanny Marquinez, de 34 años, relata la catástrofe que invadió su vida. “Cuando al fin tenemos una casa decente, lejos de los olores putrefactos del río, ahora vivimos el miedo de que se caiga”. Su hijo mayor, de 16 años, abandonó el colegio y se dedicó a las drogas. Solo espera conseguir un empleo para darle una mejor educación a su hija menor y que la situación de su provincia mejore un día.

SE SALVARON POR LA PRECARIEDAD

La parroquia San José de Chamanga, perteneciente al cantón Muisne, fue la población más cercana al epicentro del terremoto del 16 de abril. Es un reducto pesquero de 4.200 habitantes con precarias casas de caña. Charito Chere tenía su vivienda a las orillas del brazo de mar que baña el poblado. Dio a luz a 11 hijos quienes conforme fueron creciendo, construyeron seis casas en la misma zona. Después del terremoto, solo quedó una en pie. Han retomado sus actividades y empezaron de nuevo porque, según dice Chere, las autoridades nunca cumplen sus ofrecimientos. Ella recolecta conchas, a un promedio de 130 diarias que las vende en 10 dólares. “Con eso he criado y educado a mis hijos, que ahora se dedican a lo mismo”.


 "El Buen Vivir" es el nombre de una ciudadela esmeraldeña,
recién inaugurada, que quedó afectada por el terremoto. 

Desde hace más de 20 años los habitantes de Chamanga escuchan a sus autoridades de un proyecto de reubicación de las familias asentadas a orillas del brazo de mar, para evitar inundaciones y las condiciones de insalubridad en las que viven: no cuentan con alcantarillado ni agua potable. Otros ofrecimientos fueron el relleno de la zona y un rompeolas. Sin embargo, cada año se levantan más casas y, tras el terremoto, muchos piensan volver a construir sobre los escombros.

La preocupación para quienes viven de la pesca es que la reubicación sería a tres kilómetros del muelle. “Salimos en la madrugada o en la noche y necesitamos vivir aquí, por lo menos deberían hacer una bodega para guardar los motores de las lanchas”, sostiene Kléber Urgilés, presidente del barrio Nueva Unión y vicepresidente de la Asociación de Pescadores. Las autoridades le dijeron que el muelle será convertido en un área verde, con un malecón para incentivar el turismo. Según un censo del Miduvi, se requerirían más de 400 casas para los damnificados de Chamanga.

MUISNE EN LA LISTA DEL OLVIDO

Pese a ser la cabecera cantonal la situación en la ciudad de Muisne es similar a la de Chamanga. Faltan fuentes de trabajo y nunca llegaron las obras que sacarían a la población de la pobreza. “El Atlas de las Desigualdades”, publicado por la Senplades, incluye a este cantón dentro de las zonas con “carencias habitacionales críticas”: cobertura de alcantarillado de apenas el ocho por ciento y acceso al agua potable de 12,6 por ciento, sin mencionar la falta de recolección de desechos.


Tras derrumbes e inundaciones ocurridos en enero,
el terremoto agravó la crisis en el barrio "20 de
Noviembre" de la capital esmeraldeña.

 

Germán Bravo perdió su casa, pero no las ganas de trabajar. Tiene 65 años y toda su vida se ha dedicado a la pesca o actividades esporádicas en la construcción, en las que gana 10 dólares diarios. Una vez pasada la tragedia, lo contrataron para levantar la nueva casa de su vecina que se cayó en el terremoto. “Es una casa de madera que le saldrá por unos 3.000 dólares y la haremos en una semana”.

El presidente Rafael Correa dijo que los habitantes tendrán que abandonar la isla y ser reubicados en otras zonas. “Pero hasta que eso suceda, nos moriremos de viejos”, dice Bravo.

Un informe del Gobierno Central prevé la suma de 13 millones de dólares para la reconstrucción de obra pública y otros proyectos en Muisne. Una de las promesas que el pueblo ha esperado por décadas y con ansias es la construcción del puente que uniría a la isla con el continente, pero los alcaldes se suceden sin que la obra entre en etapa de estudio.

En 2014, el recién electo alcalde Walker Vera, de Alianza PAIS (AP), fue asesinado cuatro días antes de posesionarse. Antes de su muerte denunció vínculos con el narcotráfico y actos de corrupción en el Municipio. El actual alcalde, Eduardo Proaño (AP), no sesiona en la isla desde semanas antes del terremoto, lo que ocasiona mayores inconvenientes, según apunta un informe de la Secretaría de Riesgos.

Narcotráfico y corrupción son las respuestas de sus habitantes ante las desgracias de Muisne. “Aquí todos sabemos quiénes son los que venden y trafican la droga, pero no podemos decir nada”, dice Enrique Solórzano, de 68 años, quien en su tienda de abarrotes mata las horas jugando naipes con sus vecinos que se han quedado sin empleo. Muchos de quienes entran a comprar le piden fiado. Una vecina retira un frasco de aceite y una funda de arroz para la cena. “Anóteme en la lista del olvido”, dice, pensando en que algún día podrá pagar las cuentas atrasadas.

CERCA DEL EPICENTRO, LEJOS DE LAS AYUDAS

En un principio, solo el cantón Muisne fue incluido en la Ley Solidaria y de Corresponsabilidad Social para la reconstrucción de las zonas afectadas; y no los otros seis cantones que conforman la provincia de Esmeraldas. Pero luego de las dos réplicas del 18 de abril que afectaron más casas, el Presidente ordenó se incluya a toda Esmeraldas.
 


En Esmeraldas, 17 familias afectadas por inundaciones
viven más de cinco meses en albergues. Los
niños no van a la escuela.

“Arrastramos problemas desde hace tiempo. Tenemos 282 kilómetros de vías secundarias por reparar. El Estado nos adeuda 14 millones de dólares y nos ha reducido el presupuesto de este año de 39 a 32 millones. ¿Cómo quieren que saquemos adelante a la provincia?”, dice la prefecta Lucía Sosa, del partido Unidad Popular, antes MPD.

Según el último censo, el 78 por ciento de los hogares de la provincia de Esmeraldas está en la línea de pobreza, por falta de acceso a los servicios básicos y viviendas precarias, hacinamiento, niños que no asisten a la escuela. El sacudón dejó un saldo de 1.305 casas destruidas y más de ocho mil personas albergadas, agudizando la tragedia de la provincia verde.