Más de 289.000 despidos se han registrado durante la pandemia
Debido a los efectos económicos de la pandemia, 289.258 despidos se registraron en el país, según información del Ministerio de Trabajo.
La cifra totaliza los despidos desde marzo, mes en que iniciaron las medidas de aislamiento social y restricciones de movilización.
Con la cuarentena, las actividades económicas, a excepción de las esenciales (como las relacionadas a alimentación y exportación), se detuvieron. En junio, el Gobierno estimó más de US$ 16.000 millones en pérdidas de ventas y producción.
El ministro de Trabajo, Andrés Isch, precisó que desde el 16 de marzo hasta julio la Cartera de Estado registró la terminación de 289.258 contratos por distintos motivos.
Los sectores con más contratos terminados son comercio (con más de 40.000), agricultura (39.000) e industrias (más de 28.000).
Si bien los despidos superaron los 289.000, Isch también informó que se inscribieron 127.579 contratos en el Ministerio durante la pandemia. Los sectores que más han contratado son agricultura, industrias y comercio.
Las cifras de despidos, sin embargo, no necesariamente reflejan la realidad del país. Isch señaló que la informalidad supera a las cifras oficiales. Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, en diciembre de 2019 el 46,7% de personas con empleo se encontraba en el sector informal.
De los más de 289.000 despidos, más de 24.900 fueron intempestivos y 21.700 con la figura de fuerza mayor, según información proporcionada por el Ministerio de Trabajo.
La figura de fuerza mayor, con la cual no hay obligación de pagar liquidaciones, fue usada por las empresas ante la imposibilidad de operar durante la pandemia y generó una serie de denuncias de las personas afectadas. La Ley Humanitaria, en vigencia desde el 22 de junio, dispone que esta figura solo podrá ser empleada cuando la empresa cierre sus operaciones.
De esta manera, del 1 al 19 de julio, el Ministerio de Trabajo registra 2.114 despidos por fuerza mayor, mientras que en junio reportó 5.868 y en mayo 8.955, el número más alto durante la pandemia.
Pablo José Iturralde, director del Centro de Derechos Económicos y Sociales, señaló que la imposibilidad de que las empresas utilicen la figura de fuerza mayor en la pandemia fue una conquista en la Ley Humanitaria por la presión social.
Sin embargo, es lo único que destaca, pues sostuvo que La Ley Humanitaria trasladó el costo de la cuarentena y la recesión a los trabajadores. “Las medidas en la Ley Humanitaria no son medidas de protección laboral. Todo lo contrario, lo que hace la Ley Humanitaria es levantar el régimen de protección laboral”, explica.
La Ley Humanitaria permite un contrato especial emergente (con jornada parcial o completa y por máximo un año), acuerdos directos entre empleadores y empleados para modificar condiciones económicas, reducción de jornada de trabajo (y en consecuencia disminución de sueldo) y vacaciones a disposición de las empresas.
“Es un retroceso de 45 años porque se había conquistado que las relaciones laborales sean intervenidas por el Estado, porque se reconoce que la parte más débil son los trabajadores y requieren de protección estatal”.
Francisco Briones, director de la consultora Perspectiva y analista de entorno macroeconómico, consideró que si bien son medidas que contendrán las pérdidas de empleo, no es una solución definitiva para la dinamización de contrataciones. “Es un pasito hacia adelante, pero no es una reforma profunda”, comenta.
Briones es partidario de que la legislación laboral permita contratos a plazo fijo, por ejemplo por horas. “¿Cómo una compañía va a contratar a alguien indefinidamente? Si tiene tres meses (de prueba) para contratar indefinidamente a una persona, es un desincentivo cuando no sabemos qué va a suceder en los próximos 3 ó 4 meses. Los contratos por horas puede ser una solución, porque la empresa verá cómo evoluciona la situación y quizás más adelante pueda firmarse un contrato más estable”, explica.
Por los efectos económicos de la pandemia, el Banco Central proyecta para 2020 un decrecimiento del PIB entre 7,3% y 9,6%; mientras, la Comisión Económica para América Latina y El Caribe (Cepal), en su último informe, pronostica que el PIB de Ecuador caerá 9%.
