El presidente Guillermo Lasso se pronunció este sábado 13 de noviembre luego del nuevo motín dentro de la Penitenciaría del Litoral, en Guayaquil, que ha dejado 68 presos muertos según información proporcionada por la Fiscalía.
En su declaración, el Primer Mandatario responsabilizó de las masacres a los órganos judiciales del país. “El deber fundamental de un Estado es garantizar la vida de los ciudadanos, sin discriminación alguna. Es el derecho humano fundamental. Lastimosamente, hoy esa labor resulta imposible por decisiones judiciales que ponen restricciones exageradas a la coordinación entre las fuerzas de seguridad del Estado para defender la vida. No nos permiten defender la vida”, aseguró.
En ese sentido, Lasso hizo un llamado “para que la institucionalidad vigente permita al Estado cumplir su labora fundamental: defender las vidas inocentes de aquellos criminales que no la respetan”.
Agregó que “necesitamos las herramientas constitucionales idóneas para proteger a la población, recobrar el orden en las cárceles, y luchar contras las mafias que lucran del caos”.
“El primer derecho que debemos garantizar es el derecho a la vida y la libertad ciudadana, los cual no es posible si la fuerza pública no puede actuar para protegerlos”.
Ante la crisis que enfrentan los centros de rehabilitación social, la Fiscalía General también hizo un llamado a las instituciones del Estado ecuatoriano para que tomen medidas urgentes en el marco de sus competencias
Exhortó al Consejo de la Judicatura, a fin de que los jueces, en el ámbito penal y en aplicación del principio de celeridad procesal, den prioridad a las causas que estén directamente relacionadas con audiencias de juicio, revisión, sustitución o revocatoria de la prisión preventiva, por cuanto el 40% de las personas privadas de la libertad se encontrarían sin sentencia.
De igual forma, solicitó al Servicio Nacional Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI) impulsar de manera ágil y sin dilaciones los procedimientos orientados a beneficios penitenciarios determinados en los artículos 698 y 699 del Código Orgánico Integral Penal.
Y por último, hizo un llamado a los agentes fiscales a escala nacional para que prioricen las medidas alternativas a la prisión preventiva.
La Fiscalía "activó personal misional de la Unidad de Flagrancia, que al momento levanta indicios y evidencias al interior del centro carcelario". Además, abrió una investigación por "los hechos violentos y asesinatos registrados la noche de ayer y madrugada de hoy al interior de la Penitenciaría del Litoral, en Guayaquil".
El sistema penitenciario del país se encuentra bajo estado de excepción desde el 29 de septiembre tras la peor masacre carcelaria en el país, ocurrida precisamente en este penal de Guayaquil, donde 118 presos fueron asesinados, varios de ellos desmembrados.