Constitucional ordena indemnizar a jueces removidos de la Corte Nacional; Judicatura anuncia apelación
Con ocho votos a favor, los jueces de la Corte Constitucional del Ecuador (CCE) declararon la inconstitucionalidad de unas resoluciones de 2019 para la evaluación integral de jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) en 2019.
En el fallo se advirtió que uno de los reglamentos no respetó el mandato constitucional que determinaba el momento en el que se llevaría a cabo la evaluación.
“El proceso de evaluación no se enmarcó en el término fijado constitucionalmente, esto es cada tres años, según la renovación parcial de la Corte Nacional. Se evidencia una vulneración a la seguridad jurídica de los evaluados”, señala la sentencia.
Y entre otros aspectos, la CCE dispuso que la jurisdicción contencioso-administrativa determine la indemnización de los jueces removidos, para lo cual deberán tomar en cuenta únicamente como parámetros para su fijación: la remuneración percibida al momento de la remoción y el tiempo que le faltaba a cada reclamante para cumplir tres años en funciones, desde su designación, tiempo del cual se tenía certeza respecto a la estabilidad en el cargo.
Así mismo, debido a que la reparación no puede implicar "enriquecimiento ni empobrecimiento" para las posibles víctimas, sino que la misma debe guardar relación con la vulneración y las acciones judiciales deberán considerar las situaciones específicas de cada presunto afectado.
Por lo que, si durante el tiempo posterior a la remoción, se identifica que los reclamantes tuvieron otros ingresos provenientes del sector público, los mismos deberán ser reducidos del monto de la reparación.
La demanda fue presentado por la Asociación de Jueces y Magistrados del Ecuador patrocinada por el abogado Rafael Oyarte.
Consejo de la Judicatura
Respecto de la Sentencia de la Corte Constitucional (CC), el Consejo de la Judicatura (CJ) emitió un comunicado para informar lo siguiente:
En 2019, el actual CJ evaluó a los jueces de la CNJ con base en el exhorto realizado el 23 de enero de 2019, por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio, que pidió que la evaluación debía ser inmediata.
"Cabe recordar que las actuaciones y decisiones del referido Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio están protegidas con el Dictamen 2-19-IC/19 de la Corte Constitucional. Todo este proceso fue resultado de la voluntad ciudadana expresada en la consulta popular del 4 de febrero de 2018, para reinstitucionalizar el país y en particular a la Justicia", agregó el CJ en su escrito.
Por último, la Judicatura informó que presentará un recurso de ampliación y aclaración a la sentencia de la Corte Constitucional.
#NovedadesJurisprudenciales | Inconstitucionalidad de las resoluciones de 2019 referentes a la evaluación a magistrados de Corte Nacional.
— Corte Constitucional (@CorteConstEcu) December 27, 2021
📄Ver sentencia➡️ https://t.co/I7AvQ5UVxY pic.twitter.com/EEVjAwxi1t
