La primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional, Mishel Mancheno (ADN), presentó este lunes 1 de junio al presidente del Legislativo, Niels Olsen, el proyecto de Ley Orgánica Reformatoria a varios cuerpos legales para el Fortalecimiento Institucional del Estado para enfrentar al Crimen Organizado, conocida como “Ley Antimafias”.
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La normativa apunta a desarticular las estructuras del crimen organizado, que opera como una red de poder, financiamiento, violencia, logística, corrupción e intimidación.
El acto contó con la presencia del ministro del Interior, John Reimberg; el viceministro de Defensa, Roberto Quintero; el embajador de Italia, Giovanni Davoli; el director de la Oficina de Asuntos Antinarcóticos de la Embajada de Estados Unidos, Charles Morril; el jefe de bancada de Acción Democrática Nacional (ADN), Esteban Torres, y varios legisladores.
En su intervención, Mancheno destacó que esta iniciativa nació gracias a la cooperación internacional con la República Italiana y al intercambio de experiencias con Estados Unidos y, en Latinoamérica, con Argentina, que ya cuenta con una Ley Antimafias.
El ministro Reimberg enfatizó que se trata de una de las reformas más importantes para apuntalar la seguridad en el país, puesto que “proveerá de herramientas legales para luchar contra el crimen organizado, que no actúa de manera individual, sino como verdaderas empresas, con una estructura que involucra a diversos actores, no solo a quienes cometen los delitos, sino a quienes promueven la impunidad”.
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Asimismo, el ministro destacó que la normativa propone mayor facilidad para detener a quienes participan en estructuras criminales.
"El solo hecho de que conozcamos de que una persona pertenece a un grupo delictivo, nosotros ya podemos hacer las detenciones y no tengo que estar demorando las investigaciones", resaltó.
La propuesta permitiría identificar y sancionar los distintos roles dentro de una organización criminal, abarcando tanto a quienes la dirigen como a quienes la financian, planifican, reclutan personas, facilitan infraestructura, movilizan recursos o colaboran desde el exterior de la estructura operativa.
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En ese sentido, Mancheno enfatizó que el crimen organizado no funciona de manera aislada ni depende exclusivamente de sicarios o cabecillas, sino que opera como una estructura compleja integrada por jefes, financistas y reclutadores; dispone de bodegas, vehículos e inmuebles; cuenta con redes de apoyo conformadas por funcionarios corruptos y otros colaboradores; y se sostiene mediante recursos provenientes de actividades ilícitas, además de mecanismos destinados a intimidar a víctimas y testigos.
Asimismo, el proyecto incorpora herramientas para sancionar a quienes reclutan personas con fines delictivos, un aspecto clave debido a que las organizaciones criminales no solo cometen delitos, sino que también captan a jóvenes para integrarlos a sus estructuras, reemplazarlos constantemente y expandir su capacidad operativa.
El documento está compuesto por tres artículos reformatorios, una disposición general y una disposición final. En total, contempla 14 reformas legales: 11 al Código Orgánico Integral Penal (COIP), una a la Ley Orgánica de Extinción de Dominio y dos al Código Orgánico de la Función Judicial.