El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) dispuso la suspensión provisional del movimiento político AMIGO por un plazo de nueve meses, luego de admitir a trámite una denuncia presentada por el fiscal general del Estado, Leonardo Alarcón.
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La decisión podría tener repercusiones en el escenario político, al comprometer la participación de candidatos vinculados al movimiento Revolución Ciudadana que tenían previsto postular bajo esa organización en las elecciones seccionales del próximo 29 de noviembre.
La resolución fue emitida por el juez Juan Patricio Maldonado Benítez, quien señaló que la denuncia por presunto lavado de activos se fundamenta en un procedimiento de carácter reservado.
Como medida cautelar, el magistrado ordenó la suspensión provisional del movimiento AMIGO del Registro Permanente de Organizaciones Políticas que administra el Consejo Nacional Electoral (CNE).
El fallo establece que la medida tendrá una duración inicial de nueve meses, aunque podrá ser revisada sin exceder el plazo máximo de 24 meses previsto en el artículo 374 del Código de la Democracia.
La medida podría afectar las elecciones seccionales
La resolución también establece que la suspensión podrá levantarse antes del plazo fijado si la Fiscalía General del Estado retira formalmente su solicitud, comunica que ya no sostiene el pedido o si la investigación que dio origen al proceso concluye, es archivada o cesa por decisión de la autoridad competente.
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Mientras la medida permanezca vigente, la Fiscalía deberá informar al Tribunal cada 30 días sobre el estado de la investigación.
La decisión adquiere relevancia en el marco de las elecciones seccionales y del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), previstas para el 29 de noviembre de 2026.
El movimiento AMIGO había servido como plataforma electoral para candidatos de la Revolución Ciudadana, pues, al también disponerse su suspensión en marzo de este año por el caso Caja Chica, busco aliados para el auspicio de sus candidatos.
Entre las figuras políticas afectadas encuentra el actual alcalde de Quito, Pabel Muñoz, quien aspira a buscar la reelección en la capital.
Los comicios de noviembre definirán 5.742 autoridades en todo el país, entre ellas 221 alcaldes, 23 prefectos y viceprefectos, concejales urbanos y rurales, vocales de juntas parroquiales rurales y los siete integrantes principales del CPCCS.
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La jornada electoral fue adelantada por el Consejo Nacional Electoral, que originalmente había previsto las votaciones para febrero de 2027, debido a los riesgos logísticos asociados al pronosticado fenómeno de El Niño.
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