La Comisión de Fiscalización y Control Político de la Asamblea Nacional concluyó este jueves 16 de julio la fase de presentación de pruebas documentales dentro del juicio político contra la exministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano, quien es investigada por un presunto incumplimiento de funciones relacionado con la contratación de generación eléctrica durante la crisis energética.
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Durante la sesión, la defensa de Manzano cuestionó la validez de varios de los elementos presentados por los asambleístas interpelantes, entre ellos supuestos chats, audios, reportajes periodísticos y notas de prensa.
Defensa de Inés Manzano cuestiona chats "impertinentes"
Entre las pruebas presentadas por los interpelantes consta la difusión de un audio, que sería del 2025, en el que la entonces ministra Inés Manzano asegura haber coordinado con la asambleísta oficialista Diana Jácome (ADN) una "movida" para evitar un proceso de control político en la Asamblea Nacional.
Al respecto, el abogado de la exministra, Rafael Oyarte, sostuvo que las conversaciones atribuidas a Manzano constituyen una prueba ilícita e impertinente.
Añadió que, incluso sin reconocer la autenticidad de los chats, estos hacen referencia al caso Progen y no al contrato con la empresa Austral Technical Management (ATM) que sustenta el juicio político.
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"Sin que esto implique aceptar la realidad de su contenido, los supuestos chats se refieren al caso Progen y no al caso ATM; por lo tanto, son prueba impertinente", sostuvo.
Oyarte también argumentó que la interceptación y difusión de comunicaciones privadas vulnera estándares establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Asimismo, la defensa también rechazó que entrevistas, reportajes y publicaciones periodísticas sean utilizadas como elementos probatorios dentro del juicio político.
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"Una entrevista no es una testimonial, las notas de prensa no son pericias y los reportajes no constituyen prueba documental", señaló Oyarte.
En ese sentido, pidió que ese material sea desestimado al considerar que carece de eficacia jurídica para demostrar los hechos investigados.
Finalmente, indicó que la defensa revisa de manera integral toda la documentación entregada por los interpelantes.
Interpelantes sostienen que Manzano permitió un perjuicio al Estado
Por su parte, los asambleístas de Revolución Ciudadana, que impulsan el juicio político, sostienen que, independientemente de quién suscribió originalmente el contrato con ATM, la entonces ministra permitió que se consolidara un millonario perjuicio para el Estado al no detener los pagos cuando ya ejercía el cargo.
En sus intervenciones, los asambleístas interpelantes reiteraron que el juicio político no busca determinar responsabilidades administrativas, civiles o penales, sino establecer la eventual responsabilidad política de la exministra por las decisiones adoptadas durante la crisis eléctrica que enfrentó el país en 2024.
Además, sostuvieron que las pruebas presentadas demostrarían que la exministra participó en las decisiones adoptadas por el directorio de la Corporación Eléctrica del Ecuador (CELEC EP) para la contratación de nueva generación eléctrica destinada a atender el déficit de energía hidroeléctrica, en el marco del régimen de emergencia.
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