Audiencia de apelación a la prisión preventiva del caso ‘Goleada’ se realizará este lunes 2 de marzo
De acuerdo con la teoría de la Fiscalía, los implicados habrían colaborado desde 2020 para obtener beneficios económicos mediante la comercialización ilícita de combustible.
El Tribunal de la Corte Provincial de Pichincha fijó para el lunes 2 de marzo de 2026, a las 10h00, la audiencia en la que se analizarán los recursos de apelación presentados contra las medidas de prisión preventiva dictadas dentro del denominado caso ‘Goleada’.
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El recurso fue planteado por cinco de los procesados —el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez; sus hermanos, Xavier y Antonio Álvarez, el representante de la empresa Fuelcorp, César Bravo; y el exadministrador de la empresa Ternape, Fernando Peñaherrera— luego de que un juez dispusiera su encarcelamiento durante la audiencia de formulación de cargos realizada el pasado 11 de febrero.
La diligencia se produce en el marco de la causa, en la que el Ministerio Público procesa a once personas por formar parte de un presunto entramado de delincuencia organizada con fines de lavado de activos y defraudación tributaria.
El burgomaestre guayaquileño, quien permanece recluido en el Centro de Privación de Libertad de Latacunga, y sus hermanos, que cumplen la medida en la cárcel de Turi, en Azuay, figuran como las personas que encabezarían la supuesta estructura.
De acuerdo con la teoría de la Fiscalía General del Estado, los implicados habrían colaborado desde 2020 para obtener beneficios económicos indebidos mediante la comercialización irregular de combustible subsidiado.
La investigación sostiene que el esquema utilizaba las compañías Ternape S. A. y Flonape Overseas S. A. —esta última considerada una empresa de papel registrada en Panama— para adquirir diésel con destino al sector naviero nacional y posteriormente desviarlo hacia el mercado internacional, simulando deudas y ejecutando maniobras financieras para ocultar el origen de los recursos.
Este viernes, Fiorella Icaza, esposa del alcalde, difundió un pronunciamiento en el que pidió que la diligencia se convierta en “una prueba para el Estado de derecho”.
La resolución que adopte el tribunal será determinante para definir si los procesados continúan en prisión preventiva o si se modifican las medidas cautelares mientras avanza la investigación penal.
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La causa se mantiene en etapa inicial y aún no se ha fijado fecha para una eventual audiencia preparatoria de juicio.
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