Consejo de la Judicatura refuerza seguridad a juez del caso ‘Goleada’ tras denuncia de amenaza
Como parte de las acciones preventivas, el ente de control autorizó que el funcionario cumpla sus labores bajo la modalidad de teletrabajo al 100% y reforzó su protección policial.
El Consejo de la Judicatura (CJ) dispuso medidas urgentes para resguardar al juez Jairo G., ponente del proceso denominado por la Fiscalía como caso ‘Goleada’, luego de que en redes sociales circulara una solicitud del magistrado en la que alertaba sobre una presunta amenaza en su contra.
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Tras conocer la denuncia, el Pleno del CJ resolvió pedir de forma inmediata al Ministerio del Interior el refuerzo de la protección para el operador de justicia.
Como parte de las acciones preventivas, también autorizó que el funcionario cumpla sus labores bajo la modalidad de teletrabajo al 100%.
La institución, a través de un pronunciamiento, rechazó cualquier forma de intimidación o amedrentamiento contra jueces y servidores judiciales en el ejercicio de sus funciones.
Caso "Goleada"
La decisión se produce en medio de la atención pública que ha generado el caso ‘Goleada’, investigación en la que la Fiscalía procesa a once personas por el presunto delito de delincuencia organizada con fines de lavado de activos y defraudación tributaria.
Entre los imputados figura el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, quien cumple prisión preventiva, junto con sus hermanos Antonio y Xavier, señalados por el Ministerio Público como supuestos líderes de la estructura.
Según la formulación de cargos expuesta por el fiscal Dennis Villavicencio, los procesados habrían conformado un entramado societario destinado a obtener beneficios económicos indebidos mediante la comercialización irregular de combustible subsidiado.
La investigación sostiene que la operación se habría iniciado en 2020 en Guayaquil y que funcionaba a través de dos empresas base: Ternape S. A. y Flonape Overseas S. A., esta última descrita como una compañía de papel registrada en Panamá.
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De acuerdo con el expediente, el esquema consistía en adquirir diésel subsidiado al Estado ecuatoriano bajo el argumento de abastecer al sector naviero nacional, para luego desviar el producto y revenderlo en el mercado internacional. Para ocultar el origen de los recursos, la supuesta red habría simulado deudas y realizado maniobras societarias que evitaban alertar a los organismos de control.
El CJ reiteró que su actuación busca garantizar que los operadores de justicia desarrollen su trabajo sin presiones ni riesgos, en un contexto en el que los procesos vinculados a crimen organizado y corrupción han estado acompañados de denuncias de amenazas contra funcionarios judiciales, como se evidenció en el caso "Euro 2024".
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