CAL pide informe para avanzar con el juicio político contra Mario Godoy: 'esta Asamblea no adelanta sentencias'
La Unidad Técnica Legislativa de la Asamblea deberá presentar un informe en el plazo máximo de 3 días.
El Consejo de Administración Legislativa (CAL) de la Asamblea Nacional pidió un informe técnico para avanzar con el procedimiento de juicio político en contra de Mario Godoy, presidente del Consejo de la Judicatura.
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Este jueves 8 de enero de 2026, se instaló la sesión presidida por el titular del Legislativo, Niels Olsen, los vocales Mishel Mancheno, Sade Fritschi, Samuel Celleri y Steven Ordoñez, para conocer y resolver la solicitud contra Godoy, quien se encuentra en el ojo del huracán tras la denuncia del juez anticorrupción, Carlos Serrano, acerca de presuntas presiones y amenazas para beneficiar un narco serbio.
Al inicio de la sesión, Olsen manifestó que “Las instituciones están para proteger la confianza pública y, cuando esa confianza se ve comprometida, el Estado debe actuar con estricto cumplimiento de la ley y con total transparencia”, recalcó.
Asimismo, Olsen enfatizó: "esta Asamblea Nacional no adelanta sentencias, hace que le corresponde, cuando corresponde".
Con 5 votos a favor, el Consejo aprobó la moción presentada por la primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional, Mishel Mancheno, quien solicitó la elaboración del informe técnico-jurídico no vinculante relativo al cumplimiento de requisitos sobre el pedido de juicio político en contra del titular del Consejo de la Judicatura, a la Unidad Técnica Legislativa (UTL), el cual deberá ser presentado en el plazo máximo de 3 días.
En la misma sesión, los consejeros del CAL acogieron la moción presentada por la legisladora Sade Fritschi para que la UTL elabore el informe técnico-jurídico no vinculante de cumplimiento de requisitos ante el pedido de enjuiciamiento político contra los vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), Andrés Fantoni, Johana Verdezoto, Jazmín Enríquez, David Rosero y Piedad Cuarán.
Presuntas amenazas en la Judicatura
En diciembre de 2025, el juez anticorrupción Carlos Serrano denunció presuntas presiones desde la propia Judicatura para favorecer al narcotraficante serbio Jezdimir Srdan, procesado por el delito de lavado de activos.
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Según relató Serrano, su pesadilla comenzó el 20 de noviembre de 2025, cuando sentenció a 10 años de prisión a Srdan por lavado de dinero. Tras el fallo condenatorio, le fue retirada la protección policial, una decisión que —advirtió— lo obligó a abandonar el país ante las amenazas que habrían puesto en riesgo inminente su vida.
A las denuncias de Serrano se suma el caso de Samantha Lozada, exdirectora provincial del Consejo de la Judicatura en Orellana, quien aseguró que la institución, bajo el liderazgo de Mario Godoy, la dejó “a merced del crimen organizado”, pese a haber recibido múltiples amenazas de muerte.
En su defensa, el presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy, compareció este lunes ante la Asamblea Nacional para responder a las acusaciones surgidas tras la denuncia del juez Serrano. En su intervención, sostuvo que la entidad que dirige “no dicta sentencias, no resuelve causas jurisdiccionales y no emite ni modifica fallos”.
Asimismo, Godoy advirtió sobre un supuesto plan político que buscaría afectar a todas las funciones del Estado y que, según afirmó, habría iniciado en su contra con el objetivo de apartarlo del aparato judicial.
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