Judicatura de Mario Godoy en la mira: juez y exfuncionaria denuncian presiones, amenazas y falta de seguridad
El gremio de jueces ha enfatizado que, por mandato constitucional, el Consejo de la Judicatura es el responsable directo de garantizar la seguridad de los operadores de justicia.
El Consejo de la Judicatura, presidido por Mario Godoy, se encuentra en el ojo del huracán en medio de denuncias por amenazas y falta de garantías de seguridad para jueces y funcionarios judiciales, quienes han advertido sobre los riesgos que enfrentan en el ejercicio de sus funciones.
Frente a estos hechos, la Asociación Ecuatoriana de Magistrados y Jueces del Ecuador (AEMAJ) ha enfatizado que, por mandato constitucional, el Consejo de la Judicatura es el responsable directo de garantizar la seguridad de los operadores de justicia, en especial de aquellos que conocen procesos relacionados con estructuras criminales.
El caso del juez Carlos Serrano
En diciembre de 2025, el juez anticorrupción Carlos Serrano denunció presuntas presiones desde la propia Judicatura para favorecer a un narcotraficante serbio procesado por lavado de activos. Tras dictar una sentencia condenatoria, le fue retirada la protección policial, una decisión que —según advirtió— lo obligó a abandonar el país ante el riesgo inminente contra su vida.
Serrano había sentenciado a Jezdimir Srdan a 10 años de prisión por el lavado de 11 millones de dólares en Ecuador. Según el relato del magistrado, en esa audiencia del 20 de noviembre de 2025, el condenado realizó un gesto intimidante, al pasar el dedo índice por debajo del cuello en señal de amenaza de muerte.
El juez ha revelado que las semanas posteriores vivió un “infierno”, marcado por presiones institucionales, amenazas y riesgos constantes. El 2 de diciembre, se concretó la disposición de retirarle su cápsula de seguridad, dejándolo —según su testimonio— indefenso.
Ante esta situación, Serrano redobló sus medidas de autoprotección: salía de su vivienda encapuchado y ocultando el rostro. Finalmente, abandonó el país el 15 de diciembre, cuatro días después de presentar su renuncia, que no ha sido aceptada por el Consejo de la Judicatura.
Ataque armado contra exfuncionaria
A las denuncias de Serrano se suma el caso de Samantha Lozada, exdirectora provincial del Consejo de la Judicatura en Orellana, quien aseguró que la institución, bajo el liderazgo de Godoy, la dejó “a merced del crimen organizado”, pese a las múltiples amenazas de muerte que recibió.
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“Me quedé sin custodia, sin trabajo, sin poder decir nada”, declaró recientemente Lozada. Uno de los episodios más graves ocurrió el 22 de octubre de 2025, cuando fue víctima de un ataque armado mientras se movilizaba en un vehículo junto a su padre. El arma utilizada por los atacantes se trabó, lo que evitó una tragedia mayor, aunque su progenitor resultó herido.
En una entrevista radial, Lozada relató que se trasladó a Quito y solicitó una reunión con Mario Godoy para informarle sobre el atentado. Sin embargo, fue atendida por una asesora, quien —según su versión— le recomendó presentar su renuncia.
Al igual que Serrano, tuvo que salir del país por razones de seguridad.
Mario Godoy rechaza acusaciones
El presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy, compareció este lunes ante la Asamblea Nacional para responder a las acusaciones surgidas tras la denuncia del juez Serrano.
En su intervención, sostuvo que la institución que dirige “no dicta sentencias, no resuelve causas jurisdiccionales y no emite ni modifica fallos”.
Además, afirmó que la Judicatura no tiene la potestad de disponer la seguridad de los servidores judiciales, ya que esa competencia —según dijo— corresponde a la Policía Nacional y al Ministerio del Interior.
Este jueves 8 de enero, el Consejo de Administración Legislativa (CAL) resolverá si el pedido de juicio político contra Mario Godoy, por las presuntas presiones denunciadas por el juez anticorrupción, pasa a la Comisión de Fiscalización para su trámite.
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