Este miércoles 24 de diciembre de 2025 será un día clave dentro del caso ‘Triple A’, que involucra al alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, y a otros 16 procesados. La audiencia de juicio está convocada para las 14h30, por el presunto delito de distribución y comercialización ilegal de hidrocarburos.
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Además, seis empresas vinculadas al sector de los combustibles también forman parte de la investigación que impulsa la Fiscalía General del Estado, la cual sostiene la existencia de una red estructurada para el desvío de combustibles subsidiados.
De acuerdo con la acusación fiscal, los procesados habrían participado en la distribución ilegal de combustibles en zonas fronterizas, generando un perjuicio económico al Estado de al menos USD 61,5 millones.
La investigación se inició tras una denuncia presentada por la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables (Arconel), que alertó sobre inconsistencias significativas entre el volumen de combustible despachado y el facturado por varias estaciones de servicio y empresas comercializadoras.
Según el expediente fiscal, el perjuicio económico ascendería a USD 61’502.658,39, correspondiente a 22’777.191,80 galones de diésel y gasolina que habrían sido comercializados de forma irregular.
El cronograma judicial establece que la audiencia de juicio se desarrollará el 24 de diciembre de 2025, desde las 14h30, y continuará los días 28, 29 y 30 de diciembre, a partir de las 08h30.
El Tribunal de Garantías Penales Especializado para el Juzgamiento de Delitos Relacionados con Corrupción y Crimen Organizado negó el pedido de diferimiento, argumentando que no existen fechas cercanas disponibles y que hay procesos con riesgo de caducidad de la prisión preventiva, los cuales no pueden ser postergados.
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En paralelo al desarrollo del proceso judicial, un grupo de ciudadanos afines al alcalde de Guayaquil convocó a un plantón este miércoles 24 de diciembre, a las 13h00, en el Complejo Judicial Norte de Quito.
El alcalde de Quito, Pabel Muñoz, expresó públicamente su solidaridad con Aquiles Alvarez, señalando que varios elementos del caso, incluida la fecha de la audiencia, “llaman negativamente la atención”. Muñoz advirtió que la judicialización de la política debilita la institucionalidad y genera desconfianza en el sistema de justicia.
En la misma línea, la prefecta del Guayas, Marcela Aguiñaga, manifestó que la política debe resolverse en las urnas y no en los tribunales, y recalcó la necesidad de proteger principios fundamentales como el debido proceso, la presunción de inocencia y el derecho a la defensa.
Aquiles Alvarez solicitó formalmente que la audiencia del caso ‘Triple A’ sea transmitida en vivo a través de plataformas digitales.
En el documento presentado por su defensa se argumenta que el proceso tiene una “indiscutible relevancia política y social”, tanto por la naturaleza de los delitos investigados como por la condición de uno de los procesados, quien ejerce actualmente la Alcaldía de Guayaquil.