Asamblea analiza en primer debate proyecto de Ley de Repetición tras fallo por caso Chevron
La normativa fue reactivada a pedido de la bancada oficialista ADN tras el reciente dictamen que ordenó a Ecuador pagar 220 millones de dólares a la petrolera Chevron.
El Pleno de la Asamblea Nacional sesiona este martes 16 de diciembre para tratar en primer debate el proyecto de Ley Orgánica de Repetición, cuyo objetivo es recuperar los recursos económicos del Estado, frente al dolo o culpa grave de toda persona que, actuando en ejercicio de potestad pública, haya causado perjuicio al Estado.
La normativa fue reactivada a pedido de la bancada oficialista ADN tras el reciente dictamen de un tribunal de La Haya, que ordenó a Ecuador pagar 220 millones de dólares a la petrolera Chevron.
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Este proyecto tiene por objeto regular y establecer los mecanismos para determinar la responsabilidad patrimonial y hacer efectiva la acción de repetición de acuerdo a lo previsto en la Constitución y la ley, en contra de los agentes estatales que han producido un daño a los particulares y por el cual el Estado ha sido condenado a pagar alguna indemnización.
El legislador Andrés Castillo (ADN) ha señalado que, si bien la figura de la repetición consta en la Constitución, actualmente no existe una ley que regule su aplicación, lo que ha impedido recuperar recursos públicos en casos de condenas internacionales.
Caso chevron
La condena contra Ecuador en el caso Chevron reactivó el debate en la Asamblea. El pasado 10 de diciembre, los legisladores de ADN aseguraron que durante el correísmo el Estado habría intervenido en el proceso judicial y que supuestamente se forjaron sentencias, lo que derivó en la condena internacional. Por ello, insisten en que el pago debe salir “del bolsillo de los culpables y no de los ecuatorianos”.
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Por su parte, el expresidente Rafael Correa rechazó estas acusaciones y aseguró que su Gobierno "no intervino en nada" en el juicio local contra la petrolera Chevron que se inició tras denuncias de comunidades amazónicas.
Criterios para determinar responsabilidades
En la Comisión de Justicia reposan actualmente varios proyectos relacionados con la Ley de Repetición. Uno de ellos fue presentado en agosto pasado por la asambleísta Camila León (ADN), a fin de que el Estado recupere los valores que ha pagado de funcionarios o exfuncionarios que hayan ocasionado perjuicios por violaciones a los derechos de particulares, por deficiencia en la prestación de servicios públicos o por acciones y omisiones en el desempeño de sus cargos.
La norma establece tres criterios para determinar responsabilidades, siendo estos: la existencia de acciones u omisiones cometidas con dolo o culpa grave; la existencia de una resolución en la que se haya dispuesto al Estado el pago de valores en favor de los particulares y que tenga el carácter de definitiva; y la existencia de un nexo causal entre la acción u omisión y la causa por la que se determinó al Estado ecuatoriano la obligación de pagar valores en favor de los particulares.
También establece requisitos para determinar el grado de responsabilidad de las personas que, actuando en ejercicio de potestad pública, hayan ocasionado estos perjuicios.
En septiembre, el procurador general del Estado, Juan Carlos Larrea, también entregó al presidente de la Asamblea Nacional, Niels Olsen, un proyecto de Ley de Repetición, que también se encuentra en análisis dentro de la Comisión de Justicia.
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