La denuncia por el presunto cobro de diezmos contra la asambleísta Nuria Butiñá (Revolución Ciudadana) fue admitida por el Consejo de Administración Legislativa (CAL) y remitida al Comité de Ética de la Asamblea Nacional.
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Este sábado 23 de agosto se informó que, con el respaldo de 6 de sus miembros, el CAL dio paso a la denuncia realizada por Mishel Mancheno (ADN), primera vicepresidenta de la legislatura, para iniciar la investigación por "presuntos hechos contrarios a los principios éticos y normativos que rigen la Función Legislativa".
Previo a la votación, la asambleísta Mancheno, en su calidad de denunciante, recordó el principio constitucional de imparcialidad y se abstuvo de votar la moción presentada por la asambleísta Sade Fritschi (ADN). No obstante, afirmó que “no se pueden pasar por alto actos reprochables que afectan al bien común y a la Asamblea Nacional”.
Una vez analizado el informe de la Unidad de Técnica Legislativa (UTL), se determinó el cumplimiento de requisitos legales; firmas de respaldo; exposición de hechos y prohibiciones en las que habría incurrido Nuria Butiñá; prueba testimonial y documental, entre otros, para la admisión de la denuncia.
En el documento ingresado a la Secretaría General de la Asamblea Nacional el pasado 21 de agosto, Mancheno recogió las declaraciones del exasesor de la asambleísta Butiñá, sobre la presunta solicitud de una parte de su remuneración mensual y la modificación de una declaración juramentada con fecha retroactiva, entre otros hechos contrapuestos al artículo 127, numeral 4, de la Constitución de la República y al artículo 163 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa (LOFL), sobre la prohibición de gestionar o recibir aportes económicos indebidos en el ejercicio de sus funciones.
Por su parte, Niels Olsen, presidente de la Asamblea, afirmó que “los cobros indebidos, la corrupción y el hostigamiento no tienen cabida en la Asamblea Nacional” y agregó: “no toleraremos el uso del poder para el enriquecimiento personal”.
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A través de un comunicado el Legislativo también argumentó que, según los artículos 162 y 163 de la LOFL, "los presumibles actos de la asambleísta Butiñá se contrapondrían a su deber de actuar con probidad, trabajar con honestidad, servir con vocación y abstenerse de percibir fondos públicos, cuotas o aportes indebidos de su equipo de trabajo".
En su defensa, Butiñá ha asegurado que los señalamientos por parte de Mancheno obedecen a un intento de "desviar la atención del escándalo de corrupción que pesa sobre dos de sus compañeros (de la bancada Acción Democrática Nacional)".
"Existe evidencia que se ha hecho público de un sinnúmero de irregularidades. Frente a eso, recurren, una vez más, a la difamación y la calumnia, esta vez en mi contra, utilizando la denuncia infundada de un exasesor, a quien solicité desvincular el 8 de agosto, por su incompetencia y su vagancia", declaró la legisladora correísta.