Fiscal Toainga alerta sobre falta de garantías para jueces y fiscales frente al crimen organizado
Según lo detallado por Toainga, un total de 53 fiscales están incluidos en el programa de asistencia a víctimas y testigos.
La Comisión de Fiscalización y Control Político de la Asamblea Nacional continuó este lunes 23 de junio con la investigación sobre presuntas actuaciones irregulares de operadores de justicia. En esta jornada compareció el fiscal general subrogante, Wilson Toainga, quien alertó sobre la falta de garantías para jueces y fiscales frente al crimen organizado.
Durante su intervención, Toainga explicó que la actuación de los fiscales en casos de flagrancia depende en gran medida de los partes de aprehensión y de las novedades elaboradas por la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. Sin embargo, no todos los partes ni expedientes cuentan con los elementos suficientes para formular cargos o se ajustan a los tipos penales mencionados en ellos.
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Por ello, señaló, en ciertos casos los fiscales solicitan medidas cautelares personales o reales, como la prohibición de salida del país o la presentación periódica ante la autoridad judicial, siempre que los elementos probatorios lo permitan.
La prisión preventiva, advirtió, no es aplicable a todos los casos y su aplicación debe regirse por normativas nacionales e internacionales.
Asimismo, el funcionario reveló que actualmente 68 funcionarios judiciales están siendo investigados por presunto error manifiesto y negligencia en el ejercicio de sus funciones.
Toainga también informó que, como resultado de las investigaciones internas, hasta el momento siete fiscales y ocho jueces ya han sido sancionados por su accionar.
Fiscales y jueces no tienen garantías
En su comparecencia a la mesa legislativa, el fiscal Toainga también alertó de que los funcionarios judiciales están desprotegidos, sobre todo quienes tienen a su cargo casos de crimen organizado.
Toainga cuestionó que todos los operadores de justicia tienen las mismas medidas, pese a que el riesgo es mayor en el caso de quienes están al frente de los procesos relacionados con esta materia.
Además, el fiscal general recordó que existe normativa internacional excepcional relacionada con la materia del crimen organizado, que es una problemática regional y mundial que data de la década de los noventa. Frente a esto, nuestra legislación también debería contar con medidas excepcionales para garantizar la seguridad de los jueces y fiscales, añadió.
Según lo detallado por Toainga, un total de 53 fiscales están incluidos en el programa de asistencia a víctimas y testigos.
“No hay garantías de seguridad para los operadores de justicia. Necesitamos un respaldo. No podemos dejar que sigamos a la deriva. ¿Quién nos respalda a nosotros en nuestra seguridad y la de nuestras familias? Nadie nos respalda”, enfatizó Toainga.
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