El presidente Daniel Noboa decidió retirar el subsidio al diésel que beneficiaba al sector atunero industrial, una medida que no afectará a las embarcaciones de pesca artesanal.
Según el Gobierno, esta eliminación se basa en el buen momento económico que atraviesa la industria y busca destinar los recursos públicos a quienes realmente los necesitan.
En una rueda de prensa, Carolina Jaramillo, portavoz de Carondelet, recordó la visión de Noboa de que los subsidios se destinen a "quienes más lo necesitan y generando compensaciones para las empresas privadas que así lo requieren".
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En 2024, la industria atunera exportó USD 1.641 millones, con una producción de 564.997 toneladas, lo que representa un crecimiento del 21 % por encima del promedio de años anteriores, de acuerdo con cifras oficiales.
Este desempeño llevó al Gobierno a concluir que las grandes empresas atuneras –29 compañías que concentran el 60 % del subsidio– tienen la capacidad financiera suficiente para dejar de depender del precio subsidiado del combustible.
El subsidio al diésel para esta industria significó un gasto de USD 42 millones en 2024, y entre 2022 y 2024 acumuló un costo de USD 211 millones, lo que equivale a un promedio anual de 70 millones de dólares.
La funcionaria también comunicó que el Banco del Pacífico extenderá líneas de crédito hasta por 42 millones de dólares para renovación de flotas pesqueras con el respaldo y cobertura de la Corporación Nacional de Fomento (CFN).
“En cuanto a las compensaciones, el Banco del Pacifico extenderá líneas hasta por USD 42millones con el respaldo y cobertura de la CFN, vía el Fondo Nacional de Garantía para cubrir hasta el 75 % del riesgo que tomaría el banco con las empresas. La tasa de interés para este propósito será del 6 % anual”, sostuvo la vocera.
Según el Ejecutivo, la decisión responde a una estrategia integral con tres objetivos:
-Los subsidios a quienes más lo necesitan, que en este caso son las embarcaciones de pesca artesanal.
-Apoyar con créditos: las compensaciones a las empresas para que puedan renovar la flota pesquera, y obtener embarcaciones con motores más eficientes.
-Hacer eficiente al Estado, reduciendo el gasto innecesario y combatiendo el uso distorsionado de recursos públicos.