Las autoridades ecuatorianas se tiran la pelota y aún no explican en quién recaen las responsabilidades. Comandante Willy llevaba año y medio en una cárcel española.
Sus familiares y amigos dicen que decidió dejar la función judicial, no regresar al Ecuador, al menos mientras la Judicatura y el poder judicial estén perforados por operadores sometidos a los intereses del crimen organizado o del poder político.
El pasado 3 de octubre, el Consejo de la Judicatura llamó a una sesión emergente para nombrar un reemplazo del Fiscal General en caso de que el actual, Wilson Toainga, se ausente temporal o definitivamente.
A la Misión le preocupa el contexto en el que se desarrolla el concurso. Su visita ocurrió en una semana convulsa: el presidente Daniel Noboa encabezó una marcha en contra de la Corte Constitucional.
En 2024, el presupuesto de la Fiscalía fue de $143 millones, menor al de años anteriores. Esto aumentó sustancialmente el represamiento de procesos judiciales, en el contexto de cada vez más detenciones por la oleada criminal que asola el país desde 2020.
El poder político acecha el concurso para escoger al Fiscal General, considerado la joya de la corona del poder judicial. Este proceso está a cargo del Consejo de Participación. Su presidente, Andrés Fantoni, niega una cercanía con el Gobierno.
Me fugué por ganar un día más de vida; por lo menos sería factible ingresar a un cuartel”, afirmó José Adolfo Macías Villamar, alias Fito, poco después de ser aprehendido.
