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Estados, empresarios, complicidad y corrupción

martes, 3 marzo 2020 - 10:42
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    Prometiendo una revolución, casi como la de Alfaro, y bajo una  retórica soberanista, el correísmo se apropió de la política y la economía. Puertas adentro hizo lo imposible  por destruir a sus adversarios, acusándolos de ser lo más negro del pasado, y  se convirtió en alfa y omega de la discusión nacional. Hacia afuera, evitó acordar con los organismos multilaterales,  argumentando que el país tenía que escribir sus propias recetas por fuera de la  ortodoxia. El pueblo aceptó estas condiciones ocho veces en las urnas. 
     
    Nunca hubo revolución, tampoco  soberanía. Lo de fondo era evadir cualquier control que le significara rendir  cuentas sobre el manejo fiscal o aceptar la idea –democrática, por cierto– de  someterse a los contrapesos esenciales.
     
    Más que el ajuste a medias de Lenín  Moreno, y su reclamo porque la mesa  nunca estuvo servida, la trama del caso Sobornos 2012-2016 es la que finalmente muestra de cuerpo entero qué  significó para la Revolución Ciudadana, el Estado y su compleja administración: poder sin límites y complicidad  sin empachos.
     
    Sin embargo, será un error imperdonable reducir el desenlace de este  juicio a una batalla contra Rafael Correa, en su dimensión de caudillo, dejando de lado las otras lecciones que  el país debe sacar si algún día se interesa por recobrar algo de seriedad  y prestancia.
     
    Aquí entran los corruptos y los corruptores; quienes postergaron,  gracias al confort del petróleo a 100  dólares, la discusión sobre el valor de  las instituciones y el respeto por los  derechos civiles y económicos.
     
    Los empresarios, como élite o categoría social, tienen que hacer un acto de contrición sobre lo que significó que varios de ellos se sometieran  a la maquinaria electoral que operaba desde Carondelet. La investigación periodística de La Fuente y Mil  Hojas, primero, y la indagación fiscal después, han develado docenas  de ellas (unas grandes, otras de papel) involucradas en un carrusel de  pagos, cruce de facturas y silencios  que espantarían a cualquier contador honesto.
     
    El correísmo dijo que el servicio  de contratación pública era la pieza angular para combatir la corrupción y  fomentar el derecho de todos a competir, pero detrás había contratos millonarios que servían para alimentar  la fuerza electoral de Alianza PAIS  hasta volverla inderrotable y autoritaria. Lo más curioso es que de cara  a los micrófonos, muchos empresarios hablaban de democracia, reglas  claras y transparencia.
     
    Se condene o no a Correa, se identifiquen o no a las empresas que mordieron el anzuelo de los pagos millonarios, hay que hablar de cuán  peligroso es que presidentes absolutos manejen todos los recursos del  Estado, desde un modelo económico  vertical abierto al chantaje.
     
    Ayer pudieron ser ellos, mañana  vendrán otros con intenciones similares. No importa el nombre, sino la  maraña legal y ese discurso político  que dota al Estado de una supremacía peligrosa e inexpugnable.
     
    A los ciudadanos decepcionados,  a los líderes políticos sensatos y a los  empresarios comprometidos con el  bien común les corresponde hablar de  economía, inversión pública, alianzas  privadas y transparencia fiscal desde  nuevos referentes y planteando nuevos compromisos. Caso contrario, el  país no tendrá futuro. 

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