Fracaso Judicial

lunes, 12 octubre 2020 - 02:23
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    EDITORIAL
     
    El resultado negativo de la apelación del Ecuador del laudo  arbitral que ganó Chevron en  2018 era una derrota anunciada. La  Corte de La Haya repitió dos años  más tarde que la sentencia de la justicia ecuatoriana, que obligaba a pagar a Chevron 9.500 millones de dólares en reparación ambiental, no  tenía validez en derecho internacional porque dicho fallo fue producto de un “fraude enorme y corrupto”. El primer laudo pintó en blanco  y negro la ausencia del estado de derecho en Ecuador. Luego de examinar durante el primer juicio más de  500 documentos, la Corte de La Haya estableció que la sentencia no fue  escrita por el juez Nicolás Zambrano, de Lago Agrio, pues después de  un análisis forense se encontró en el  mismo copias textuales de artículos  del código norteamericano con “números, fórmulas, abreviaciones y secuencias imposibles de ser dictadas”,  como había explicado el mencionado juez cuando se le preguntó sobre  cómo elaboró la sentencia. “La dicté  durante varios días a mi secretaria”,  había dicho a los investigadores de  La Haya. Tampoco pudo explicar cómo un magistrado de una población tan alejada, sin conocimientos de inglés avanzado, resultó ser versado en  un código anglosajón y cómo lo vinculó a las leyes ecuatorianas.
     
    La Corte llegó a la conclusión de  que dicha sentencia fue redactada  por otra persona, como en su momento ocurrió con una sentencia  también írrita dictada en contra de  diario El Universo y que fue ingresada por medio de un disco extraíble,  con el nombre de Chuki7.
     
    Chevron demandó el fraude procesal, pero ninguna de las estancias  judiciales superiores realizó una investigación ni tampoco se procesó  la denuncia en el Consejo de la Judicatura, presidido por Gustavo Jalkh.  “Esto no fue por ignorancia. Estas  cortes tuvieron suficiente información para juzgar el fraude”, opinó la  Corte de La Haya. En realidad, la justicia respondía a los intereses del partido del expresidente Rafael Correa,  quien, además, en 2013 involucró al  Estado en la demanda con una campaña publicitaria denominada la “Mano Sucia de Chevron”, que según denuncias del actual gobierno costó 10  millones de dólares y buscaba ensalzar su imagen a nivel internacional.
     
    Este laudo final obliga a Ecuador a  pagar los millonarios costos jurídicos  que incurrió en 11 años la defensa legal de Chevron, y deja a los pobladores  de la Amazonia sin posibilidad alguna  de una reparación ambiental.
     
    ¿Por qué Ecuador pudo ser víctima  de un pirata de las leyes como Steven  Donzinger, el abogado norteamericano que inició los procesos internacionales y que por las evidencias de su  acción fraudulenta ha perdido en las  cortes de su país su derecho a ejercer  las leyes? La respuesta se encuentra  en una agenda de notas del propio Dozinger. “Los jueces tienen un nivel básico, no cuentan con un conocimiento de la ley y la inmoralidad es parte  de las reglas del juego”. Al menos, Dozinger es un paria jurídico, no podrá  engañar a otros incautos, en tanto en  nuestro país los autores de este fraude  a la fe pública y esta afrenta a la moral  del país, a nivel internacional, no han  respondido por los daños.

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