Carlos Rojas Araujo
viernes, 9 marzo 2018 - 11:09
[¡Estamos en WhatsApp! 📲 Empieza a seguirnos ahora🚀] El presidente Lenín Moreno habrá sentido que con la renuncia de Rommy Vallejo a la Secretaría Nacional de Inteligencia (Senain) desactivó un frente de tensión y crítica. En este Gobierno, promotor de la reconciliación (a medias), solo es cuestión de remover al funcionario que tantos señalamientos acumula y ponerlo fuera del radar de la efervescencia noticiosa. Lo demás viene por cuenta de la memoria frágil.
Es difícil entender los últimos años del correísmo sin tomar en cuenta a uno de sus rostros más aciagos. Vallejo armó la agenda del espionaje y nutrió a ese gobierno de un repertorio infinito de represalias contra quienes ejercían la tarea democrática de ser opositores, de hacer cuestionamientos permanentes desde el periodismo y la opinión ciudadana y de impulsar la movilización social.
El hombre de la Senain era tan importante que tenía que seguir con el presidente Moreno para proteger los secretos del correísmo. Pero muchos dirán –los gobiernistas, sobre todo– que Vallejo no podía resistir la transición que Moreno forzó con el relato de la mesa servida, los comportamientos ovejunos y la consulta popular. Y que, por esa razón, su salida era inevitable.
El problema es que, en este caso, la oxigenación del gabinete es insuficiente, porque permite a Vallejo gozar de vacaciones en las playas del bajo perfil. Además, porque corta, de un solo tajo, la posibilidad de conocer el triste legado de esta Secretaría que seguirá en pie, posiblemente con un rostro más amable.
Cuando la Senain comenzó a funcionar, en 2013, lo hizo con un presupuesto de 80 millones de dólares. Y en los peores años de crisis no operó con menos de 40 millones.
Es un presupuesto que casi duplica al del Ministerio de Turismo o similar al de la planta central del Registro Civil, cuyas funciones son más importantes y productivas. Y pese a ello, no se pudieron evitar desgracias como el bombazo terrorista del 27 de enero en San Lorenzo (Esmeraldas).
A breves rasgos, se puede decir que el espionaje de Correa, en menos de cinco años, le costó al país unos 300 millones de dólares. La nómina promedia los 400 funcionarios.
¿En qué se fue tanto dinero? Bueno, esa es la respuesta que el gobierno de Moreno tiene que dar si su verdadero propósito es pacificar este país y velar por el gasto fiscal. Vallejo, antes de que se vaya de embajador
o reciba algún otro cargo, bien podría rendir esas cuentas y también las políticas.
El informe de Contraloría que el subrogante Pablo Celi dice que no existe y que Carlos Pólit lo ratifica, detalla cómo, supuestamente, se gastaron ilegalmente más de 200 mil dólares entre septiembre de 2013 y marzo de 2014, en un proyecto tan triste como siniestro: la Comisión correísta para indagar el 30-S y sostener, sobre la base del miedo y la propaganda, la idea del golpe blando y el intento de magnicidio.
Como este, los operativos que debió haber montado Vallejo desde esta Secretaría deben ser muchos y el país tiene derecho a conocerlos, sin el eufemismo del ‘secreto nacional’. Solo así Moreno podrá prescindir de esta entidad, como cuando Rodrigo Borja lo hizo con el terrorífico SIC. Para ello tiene que haber voluntad política y tranquilidad de conciencia.
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