Con recursos propios, que deberán estar incluidos en el presupuesto del Estado, y con dineros provenientes de organismos multilaterales o agencias de desarrollo, el Gobierno prevé alcanzar la meta de las 200 mil soluciones habitacionales en cuatro años.
El Gobierno expidió en abril pasado el reglamento de la Ley de Vivienda de Interés Social, que establece el valor máximo de estas propiedades en 178 salarios básicos, es decir, 75.650 dólares.
