Interpol captura a Walther Manrique, esposo de Karla Saud y "coautor del caso Apagón" en España
El aprehendido es investigado por presunto peculado en la compra de generadores “chatarra” a Progen.
Interpol capturó en España a José Walther Manrique Suárez, señalado como presunto coautor del caso Apagón y esposo de Karla Saud. Ambos están vinculados a esta investigación, también denominada caso Progen.
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La captura fue anunciada por el ministro del Interior, John Reimberg, a las 12:58 de este miércoles 30 de septiembre de 2026.
El funcionario señaló que Manrique está procesado por presunto peculado, relacionado con los contratos suscritos por Celec durante la crisis energética de 2024, y que “deberá responder ante la justicia ecuatoriana”.
“Como he dicho en varias ocasiones, caerán todos, uno por uno”, enfatizó.
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Manrique y Saud son propietarios de Astrobryxa, empresa que actuó como intermediaria de la compañía estadounidense Progen en Ecuador.
Según la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), la compañía recibió cerca de USD 20 millones provenientes de los recursos.
En julio pasado, Saud fue detenida en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, en cumplimiento de una notificación roja de Interpol. Sin embargo, la Justicia española resolvió dejarla en libertad bajo medidas cautelares.
La Fiscalía la señala como presunta coautora, debido a su supuesto papel como intermediaria de Progen en la contratación de los equipos eléctricos.
En mayo de 2026, un juez ordenó prisión preventiva contra Saud y dispuso su localización mediante Interpol. La misma medida fue dictada contra Manrique el pasado 27 de agosto.
Los generadores chatarra del caso Progen
La investigación, denominada caso Apagón o Progen, indaga una presunta malversación de fondos públicos durante la compra emergente de generadores eléctricos.
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Según la Fiscalía, en medio de la crisis energética de 2024 se suscribieron dos contratos de emergencia con Progen por un total de USD 149,1 millones, destinados a las centrales de Salitral y Quevedo. Los acuerdos contemplaban la adquisición de grupos electrógenos, la ejecución de obras civiles y la puesta en funcionamiento de ambas centrales.
Sin embargo, se habrían entregado generadores considerados “chatarra”, técnicamente incompatibles y que no eran nuevos.
Pese a estas irregularidades, se habría efectuado un anticipo equivalente al 70 % del valor contractual, por USD 104,37 millones, mientras que los equipos nunca entraron en funcionamiento.