Un juez rechazó los pedidos de revisión de medidas cautelares y ratificó la prisión preventiva de diez procesados y el arresto domiciliario de otro en una investigación por presunta corrupción durante la crisis energética de Ecuador en 2024, según informó este viernes la Fiscalía.
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La investigación, conocida como caso "Apagón" o "Progen", se centra en la presunta malversación de fondos en la contratación de urgencia de generadores eléctricos, en concreto, en dos contratos adjudicados a la empresa Progren para las centrales de Salitral y Quevedo por un total de 149,1 millones de dólares.
Según el Ministerio Público, la compañía entregó generadores que no cumplían las condiciones técnicas previstas, pese a lo cual recibió anticipos equivalentes a USD 104,3 millones.
Los equipos debían iniciar operaciones en noviembre de 2024. No obstante, nunca entraron en funcionamiento.
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De acuerdo a la Fiscalía, cada uno de los procesados habría actuado desde su ámbito de competencia, manipulando informes técnicos, concediendo prórrogas injustificadas, omitiendo fiscalizaciones e intercediendo informalmente, para viabilizar el desembolso de recursos estatales en perjuicio del Estado.
Sospechosos recientemente procesados y estiaje actual
El pasado 27 de agosto, la justicia ordenó el ingreso en prisión preventiva para diez nuevos procesados en esta causa, que acumulaba entonces 21 imputados, entre ellos el exministro de Energía Antonio Goncalves, representantes de Progen en Ecuador y funcionarios de la Corporación Eléctrica del Ecuador (CELEC).
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En los últimos años, Ecuador ha sufrido crisis energéticas periódicas al no poder atender la demanda nacional de electricidad por graves sequías en los ríos que alimentan a sus principales centrales hidroeléctricas, lo que ha llevado a racionamientos de energía en forma de apagones programados de hasta catorce horas al día, como los vividos entre septiembre y diciembre de 2024.
Actualmente, Ecuador atraviesa un nuevo período de estiaje, que este año se adelantó a septiembre y se extendería hasta marzo de 2027. La reducción de los caudales vuelve a presionar al sistema eléctrico, altamente dependiente de la generación hidroeléctrica.
Ante este escenario, el Gobierno ha comenzado a aplicar medidas para disminuir la demanda y preservar las reservas hídricas, entre ellas la reducción del consumo eléctrico una vez por semana de 185 empresas de alto consumo y cambios de jornadas laborales en parte del sector industrial.
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