¿La crisis carcelaria es un problema de falta de leyes punitivas, como asegura el Gobierno?

Criminalizar a los jefes de bandas criminales. El tema fue puesto sobre la mesa por el presidente, Guillermo Lasso, cuando el pasado 15 de noviembre dijo que se ampliará y aplicará la teoría de “autoría por dominio de organizaciones” como parte de un nuevo proyecto de ley para controlar la crisis en el Sistema Nacional de Rehabilitación Social.

“En el mismo cuerpo legal atacaremos la raíz del problema: los jefes de las mafias. Ampliaremos y aplicaremos la teoría de autoría por dominio de organización. Es decir, los jefes de bandas también pagarán por los delitos que ordenen cometer”, aseguró el mandatario en cadena nacional, después de la última masacre en la Penitenciaría del Litoral, que dejó alrededor 62 fallecidos.

Este anuncio llegó como corrección al primer ofrecimiento de tipificar “el nuevo delito de ‘autoría por dominio de organización’”, para incriminar a los líderes de bandas criminales, cuya mención generó una ola de críticas en redes sociales, al recordar que la autoría mediata ya existe en el artículo 42 de del Código Integral Penal (COIP) y que, además, se trata de un grado de participación en un ilícito no de un tipo de delito.

¿QUÉ PIENSAN LOS EXPERTOS EN DERECHO PENAL?

“Lo que dijo el presidente no es una novedad. Incluso fue la modalidad de autoría que se aplicó para poder sancionar a Rafael Correa en el caso Sobornos. Entonces sería un sin sentido decir que no contábamos con esa modalidad de participación si precisamente ya se ha aplicado en casos análogos dentro del país”, comenta Jorge Luis Sánchez, abogado especialista en derecho procesal y penal.

Aún con la corrección que hizo el Mandatario, a decir de expertos en derecho penal, la aplicación de esta teoría, como ofrece Lasso, tampoco corresponde al Gobierno sino únicamente a la Fiscalía General del Estado, órgano encargado de dirigir investigaciones para acusar a responsables.

“¿A quién le corresponde hacer estas investigaciones? A Fiscalía, ¿por qué no lo ha hecho? Porque no han querido, no hay ningún impedimento para que Fiscalía utilice esta figura y procese como responsables de los crímenes en las cárceles a los líderes de las bandas. Es una deuda que tiene Fiscalía con el país”, sostiene el penalista y profesor universitario, Pablo Encalada.

¿SE PUEDE APLICAR LA AUTORÍA MEDIATA PARA ACUSAR A CABECILLAS DE BANDAS?

Según Sánchez, si bien en Ecuador la autoría mediata ha sido utilizada en casos de corrupción, la aplicación a líderes de bandas criminales sí es posible, aunque ha sido compleja.

"Hace falta mejorar las técnicas investigativas y brindar garantías, a través del sistema de asistencia y protección a testigos, para que las personas involucradas en este tipo de delitos cooperen con la justicia y digan quiénes son sus jefes", sostiene.

Por su parte, Nicolás Salas Parra, experto en derecho penal y docente universitario, explica que esta forma de autoría pasa por la dificultad probatoria. Además, señala, uno de los retos son las amenazas que ejercen sobre jueces y fiscales este tipo de bandas criminales que suelen ser sumamente violentas, como ya se ha visto en Colombia y México.

"Sin embargo, si por temor los jueces y fiscales no están aplicando la norma estamos fallando como estado de derecho porque el Estado también tendría que garantizar la seguridad de estas personas. Entonces no solo se trata de aplicar la norma sino de generar las condiciones necesarias para ello", comenta.

¿UN PROBLEMA DE FALTA DE LEYES?

La salida a la crisis carcelaria tiene que ver con cuestiones más complejas que la implementación de más leyes punitivas que impulsen un incremento de la población carcelaria, ya hacinada, afirman especialistas en derecho.

“Estamos cayendo en el mismo error de siempre: el pensar que con más leyes se va a solucionar la crisis carcelaria. El problema no es de leyes, es de aplicación”, sostiene la experta en derecho penal, docente e investigadora, María Paulina Araujo, quien subraya que en todo caso esto es solo una pequeña parte del problema carcelario.

Según Araujo, una cuestión “muy grave” es haber olvidado “la prevención de los delitos” en el Ecuador. “Siempre han pensado que la ley es la mala, pero ¿y políticas para prevenir el delito? En este sentido, creo que el Gobierno debería buscar políticas públicas para prevenir”.

Además, Araujo piensa que, respecto a la crisis carcelaria, el Gobierno no solo debería enfocarse en pedir asesoría sobre derecho penal, sino también sobre criminología, ejecución de penas e inteligencia carcelaria que es distinta a la inteligencia militar, asegura.

“Manejar una cárcel no es lo mismo que un cuartel, pero ya vemos que se cambian directores. Piensan que poniendo a generales que han luchado en guerras se va a solucionar. Ya se está constatando que no hay cambios, tiene que haber una reformulación de la política pública completa y que no se olviden de la prevención de los delitos”, reitera Araujo.

El penalista y académico, Pedro Páez Bimos, piensa que el problema de Ecuador no es la falta de normas, sino del desconocimiento para aplicar la ley. La falta de cumplimiento normativo “viene de una cultura de tolerar este tipo de prácticas” y con la falta de capacitación, menciona.

“En los programas de capacitación que hay, nosotros no tenemos temas específicos respecto a las formas de participación criminal porque, en general, se suele estudiar al derecho penal en su amplia diversidad, pero también debe haber cursos específicos, por ejemplo, sobre autoría mediata”, comenta.

Páez, quien también es doctor en Ciencias Sociales, considera que más allá de un tema normativo —y en esto también coincide Araujo— el Gobierno debe ver darse cuenta de que la crisis carcelaria se resuelve poniendo atención a variables mucho más complejas.

“El crimen es un fenómeno social en el que no solo la reacción penal debe ser dura, sino que también se deben revisar esas otras variables. Tal vez, lo que debe hacer la función Ejecutiva es revisar, por ejemplo, es la rehabilitación social. Si hay médicos suficientes, si hay antropólogos, trabajadores sociales, tratamiento psicológico; ver cómo se está trabajando aquello en cuanto al crimen organizado, investigar las redes de corrupción... Por ahí va más la respuesta, que en la aplicación de la autoría mediata que ya se venía aplicando”, sostiene.