Caso “Narcogenerales”: a las dudas se suman las deudas
Un adagio popular sugiere que ‘hay que estirar los pies hasta donde alcancen las sábanas’. Nueve generales de Policía mantienen más de dos operaciones de crédito pendientes de pago con el instituto de seguridad social policial (ISSPOL), por lo que su situación bordea el sobreendeudamiento.
Eso se desprende de la revisión que hizo Vistazo de más de 30 mil registros de las operaciones crediticias del ISSPOL, con corte a fines de 2021.
La plana mayor de la Policía tiene en sus filas a 19 generales de Distrito y dos generales inspectores. Además, hay otros cuatro oficiales, que fueron ascendidos a generales de Distrito en abril de 2018, pero fueron cesados por el presidente Guillermo Lasso en agosto de 2021. Un recurso judicial que interpusieron les permitió volver a sus cargos en días pasados. Fue justamente cuando las explosivas declaraciones del embajador estadounidense Michael Fitzpatrick agitaron el avispero, pues se refirió a la existencia de “narcogenerales”.
Los generales en servicio activo pusieron sus cargos en disponibilidad y pidieron que se examinaran sus patrimonios.
El patrimonio de una persona es la diferencia entre sus activos (bienes) y pasivos (deudas). Vistazo analizó el segmento de los pasivos, esto es, las deudas adquiridas con las diferentes líneas de crédito otorgadas por el ISSPOL, a partir del análisis de bases de datos. Los hallazgos son reveladores.
Más de la mitad de los generales en servicio activo mantiene al menos un crédito abierto con el Isspol. Cuatro de los oficiales mantienen tres o más préstamos vigentes; cinco tienen dos créditos por pagar; en otros cinco casos tienen un crédito pendiente de pago. Un general de Distrito tiene un sueldo promedio de 4.780 dólares, pero al restar su aporte personal a la seguridad social, el valor líquido que recibe es 3.675 dólares.
En cambio, un general Inspector gana 5.340 dólares mensuales. Al descontar su aporte personal a la seguridad social, recibe un ingreso neto de 4.106 dólares al mes.
Los préstamos analizados son de varios tipos: hipotecario; quirografario emergente, ordinario y extraordinario. Los montos varían desde tres mil hasta los 200 mil dólares, que es un valor cercano al que se pidió en préstamo uno de los oficiales, que fue cesado en agosto último por el presidente Lasso.
Consultamos a expertos financieros: dos coincidieron en que si los oficiales tuvieran actividades ilegales no recurrirían a pedir préstamos dentro del sistema de seguridad policial para contingencias personales o familiares. Otros dos analistas explicaron que al tener un esquema de endeudamiento, la persona debe tener ingresos adicionales para cubrir las cuotas. Es más, agregó uno de los entrevistados, esto refleja una característica de la sociedad ecuatoriana, que tiende a privilegiar la cultura del endeudamiento por sobre la del ahorro.
Cambiaron el plazo para el pago
Un informe de Contraloría que audita la calificación, acreditación y recuperación de los créditos otorgados por el ISSPOL, entre el primero de enero de 2016 y fines de agosto de 2020, encontró novedades. La principal: en octubre de 2016, los directivos de ese instituto decidieron ampliar de 20 a 25 años el plazo máximo para el pago de créditos hipotecarios y quirografarios de mayor cuantía. Esta medida pudo afectar los recursos del instituto y se adoptó al margen de criterios técnicos y normas legales.
Los documentos muestran que en 2019, la general Tannya Varela y su esposo el entonces coronel Edwin Francisco Noguera accedieron a sendos créditos del Isspol, por 193 mil y 170 mil dólares, respectivamente, a una tasa de interés del siete por ciento, a 21 años plazo.
Contraloría menciona que el ISSPOL otorgó créditos de menor cuantía en quirografarios, sin cumplir con requisitos mínimos, en varios casos. Además, concluye que no se investiga exhaustivamente la situación del beneficiario, para saber si tiene capacidad real y efectiva de pago.
En el período analizado se abrieron 54.894 expedientes de crédito, por un total de 656 millones de dólares. La muestra analizada comprende 391 expedientes, por un valor de 10,7 millones de dólares.
Vistazo solicitó una entrevista con la actual comandante general de Policía, pero el requerimiento no fue atendido.