Judicatura destituye a dos jueces tras acusarlos de favorecer a procesados en el caso 'Fachada'
Allanamientos llevados a cabo en junio del año pasado derivaron en la recolección de pruebas que apuntarían a un plan premeditado de los magistrados para interferir en la justicia.
El Pleno del Consejo de la Judicatura (CJ) resolvió este martes destituir a dos jueces, tras concluir que incurrieron en una infracción disciplinaria grave dentro del caso "Fachada", que involucra a la organización criminal denominada “Comandos de la Frontera”, considerada como terrorista por el Estado ecuatoriano.
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La decisión recayó sobre C.L.Q.C., quien ejercía como juez de la Unidad Judicial de Garantías Penales, y G.C.L.T., jueza de un Tribunal de Garantías Penales. Según la entidad de control, los ahora exfuncionarios habrían intervenido de forma indebida para alterar la situación jurídica de dos personas detenidas por sus presuntos vínculos con el grupo armado, considerado como una disidencias de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia.
Se trataba de dos hijos de Roberto Carlos Álvarez Vera, alias "Gerente", cabecilla de la organización criminal, que fueron procesados por delincuencia organizada con fines de tráfico de drogas en septiembre de 2023.
Las investigaciones sobre los jueces que derivaron en la sanción iniciaron el 16 de enero de 2025, cuando la Fiscalía General del Estado ejecutó una serie de allanamientos en Pichincha y Esmeraldas.
En esos operativos se levantaron indicios como documentación, equipos electrónicos, teléfonos celulares y altas sumas de dinero en efectivo, elementos que apuntaban a un posible plan premeditado para favorecer a los procesados.
Tras esos hechos, la Dirección Provincial del CJ en Pichincha solicitó la suspensión preventiva de los jueces, medida que fue aprobada el 11 de junio de 2025. Con la resolución adoptada este martes, el organismo dio por concluido el proceso disciplinario con la destitución definitiva.
Titular de la Judicatura se pronuncia
El presidente del Consejo de la Judicatura, Damian Larco, aseguró que la medida responde a la política institucional de enfrentar con firmeza los casos de corrupción dentro de la Función Judicial.
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Desde el CJ se enfatizó que la sanción forma parte de las acciones orientadas a impedir que el narcotráfico, la delincuencia organizada y el terrorismo infiltren el sistema de justicia, y a garantizar la transparencia en el desempeño de los funcionarios judiciales.