"No estamos eliminando, sino fusionando": Mercedes Caicedo aclara cambios en la unidad anticorrupción
La presidenta de la Judicatura manifestó que la fusión se hizo por falta de presupuesto y baja carga procesal.
La presidenta del Consejo de la Judicatura (CJ), Mercedes Caicedo, explicó por qué el Pleno de ese organismo decidió extinguir la unidad especial de jueces anticorrupción tras recibir una serie de críticas incluso de organismos internacionales.
“No estamos eliminando, sino que se suprime la unidad y modifica las competencias de otra. Se fusiona la unidad anticorrupción con las unidades penales que tienen competencia con delincuencia organizada”, aseguró la funcionaria en entrevista con el programa digital ‘A Primera Hora’.
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Falta de dinero en el CJ
Caicedo explicó que la unidad anticorrupción fue creada en el 2022, cuando hubo un incremento en el presupuesto anual de la Judicatura. Entre 2021 y 2024 pasó de USD 334 millones a USD 355 millones.
Sin embargo, en el 2025, el monto bajó a USD 344 millones “porque en el 2024 no se hizo una ejecución adecuada”.
Mientras que en el 2026, el presupuesto subió a USD 352 millones. No obstante, señaló que para el 2027 se requieren aproximadamente USD 445 millones.
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Ante este panorama, Caicedo señaló que se deben optimizar recursos “sin menoscabar la necesidad de la ciudadanía de tutela judicial efectiva”.
Por ello, decidió fusionar a los jueces anticorrupción con los magistrados de otras salas penales.
Baja carga procesal
Caicedo manifestó que los magistrados anticorrupción tienen menor carga procesal versus los penales que poseen mayor cantidad de trabajo.
Detalló que las unidades anticorrupción, del 2023 a 2026, han tenido aproximadamente 6.253 causas, de esas están en trámite 484, mientras que unas 3.698 han sido despachadas como actos urgentes.
En cambio, las salas penales normales cuentan con 5.342 procesos en trámite, es decir, “que están atiborrados de causas”, acotó la líder de la Judicatura.
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Actualmente, hay 19 magistrados especializados en temas anticorrupción y alrededor de 30 en salas penales. Con esta nueva unión que plantea la Judicatura, quedarían unos 50 jueces que traten todo tipo delitos.
Caicedo también recalcó que las causas que ya están instaladas o pendientes de resolución continuarán con los mismos jueces hasta la conclusión de los procesos.
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Cuestionamientos internacionales
La directora para las Américas de Human Rights Watch (HRW), Juanita Goebertus, y la relatora especial de la ONU sobre la Independencia de los Jueces y Abogados, Margaret Satterthwaite, cuestionaron la decisión del Consejo de la Judicatura.
Goebertus señaló que esa medida era contraria a la lucha contra el crimen organizado. "Desmantelar estos grupos pasa por fortalecer jueces especializados, independientes y protegidos", escribió en su cuenta de X.
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Por su parte, Satterthwaite aseguró que recibía con preocupación esa noticia, ya que los "estándares internacionales exigen que los Estados garanticen que los tribunales cuenten con los recursos y la capacidad judicial necesarios para administrar justicia de manera efectiva".
"Toda suspensión, medida disciplinaria o reestructuración institucional que afecte a jueces debe respetar plenamente la independencia judicial, el debido proceso y las salvaguardias frente a injerencias arbitrarias", añadió, también en X.