Escuelas del milenio prefabricadas: la historia del polémico fallo que salpica a jueces de la Corte Nacional

La Fiscalía investiga a tres jueces de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) por presunto cohecho debido a una sentencia emitida a favor de la empresa China Railway; con la que se condenó al Estado a pagar USD 85 millones por la terminación unilateral de un contrato para construir escuelas prefabricadas tipo milenio. ¿Cómo se originó este caso? Aquí te contamos.

Un convenio irregular del gobierno de Rafael Correa volvió a la palestra pública esta semana después de que el Ministerio Público ejecutara varios allanamientos en el norte de Quito para recabar indicios contra los magistrados Milton Velásquez, Patricio Secaira e Iván Larco.

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Ellos fueron parte del Tribunal de casación que ordenó al Ministerio de Educación que pague a la compañía China Railway USD 59 millones, que sumado los intereses de todos los años desde la terminación del contrato da un total de USD 85 millones.

La Fiscalía sostiene que hubo irregularidades en la emisión de la condena con base en el testimonio de Michael Hernández, procesado en el caso Plaga, otra causa de presunta corrupción que favorecía a privados de la libertad.

Pero antes de esta polémica sentencia, hay que recordar el origen del conflicto entre la empresa china y el Estado ecuatoriano que es igual de controversial.

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Esta historia empieza en el 2015 cuando el gobierno de Rafael Correa quería construir cientos de escuelas del milenio de hormigón, pero los recursos empezaban a escasear, así que se le ocurrió una idea revolucionaria: un contrato por USD 196 millones para instalar 200 escuelas “tipo milenio” con material prefabricado.

Serían “provisionales” hasta construir las de cemento, tendrían una vida útil de ocho a diez años y sus aulas se podrían mover de un lado a otro. Se instalarían sobre todo en las provincias de Manabí, Santo Domingo y Esmeraldas.

Pero una investigación de Vistazo reveló que las escuelas presentaban múltiples problemas: el material no aislaba adecuadamente la temperatura lo que causaba un calor insoportable y en algunas zonas los chicos debían caminar trayectos más largos porque no pasaban líneas de transporte.

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En todo caso, el contrato se firmó en agosto del 2015 con un plazo de 21 meses. Los fondos debían provenir de endeudamiento con China, pero la plata no llegó a tiempo. Casi un año después, el Ministerio de Educación desembolsó un anticipo de USD 29,5 millones a China Railway para que empezara las obras.

A inicios del 2017 estaban listas las primeras escuelas: había retrasos, había deficiencia en las infraestructuras, pero las relaciones gobierno-China iban viento en popa y poco importaba.

Con el cambio de gobierno, el contrato continuó, e incluso Lenín Moreno inauguró un par de estas escuelas. Hasta inicios de 2018, el Ministerio de Educación había recibido 20 escuelas prefabricadas, pero meses más tarde evaluó el contrato y detectó las fallas y omisiones, por lo que decidió terminarlo de manera unilateral.

La cartera de Estado impuso multas a la contratista por USD 29,1 millones. Eso hizo que China Railway interpusiera una demanda por más de USD 100 millones. Adujo que construyó 50 escuelas prefabricadas y otras 10 estaban en construcción, pero que el Ministerio recibió solo 20. Reclamó que no recibió los terrenos a tiempo ni en las condiciones establecidas, por lo que tuvo que invertir más dinero.

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En 2021, un Tribunal de primera instancia en Quito falló a favor de la empresa asiática, exigiendo un pago de USD 67 millones, ya que argumentó que la cartera de Estado sí recibió algunas de las escuelas y las estaba usando, que avaló algunos cambios y que los retrasos se produjeron porque no se entregaron los terrenos a tiempo.

El Ministerio de Educación y la Procuraduría llevaron el proceso a instancia de casación en la Corte Nacional de Justicia, pero el tribunal dio nuevamente la razón a China Railway, en diciembre de 2023.

En noviembre de 2024, la cartera de Estado dijo a Vistazo que estaban resignados a pagar, aplicando el Acuerdo Ministerial N° 33. Esto significa recurrir a endeudamiento, ya que la entidad no cuenta con el presupuesto.

Mientras tanto, las escuelas prefabricadas se destruyeron, algunas fueron saqueadas por amigos de lo ajeno y otras fueron desarmadas por el propio Ministerio para llevar las aulas a otros planteles. En cambio, las pocas que funcionan tienen problemas estructurales ya que el material prefabricado no aguanta tanto tiempo.

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Pero la polémica no terminó con la sentencia. El 5 de septiembre de 2024, Michael Hernández, procesado en el caso Plaga, dio su testimonio anticipado y lanzó varias acusaciones contra jueces.

Sobre el contrato de las escuelas prefabricadas, el exfuncionario del Consejo de la Judicatura narró que tuvo una reunión con el entonces magistrado Iván Saquicela, el doctor Felipe Córdova, un empresario chino y un traductor, donde se citó el caso.

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Entre otras cosas, dijo que Saquicela habría recibido USD 30 mil para fijar una audiencia del caso China Railway y agregó que eso se había coordinado con el juez nacional Milton Velásquez, quien llevaba el proceso de casación, dando a entender que la condena fue amañada.

Desde aquel testimonio no se había conocido nada sobre el tema, hasta el pasado miércoles, 29 de julio, cuando la Fiscalía ejecutó allanamientos y confirmó que existe una investigación previa por presunto cohecho contra los tres jueces que forman parte del Tribunal de casación.

Por su parte, el juez Milton Velásquez, uno de los implicados, emitió un comunicado en el que expresó que le parece una “extrañeza” el allanamiento en su contra, dado que ha prestado toda la colaboración a las autoridades competentes.

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“No obstante, confío en que los hechos se esclarecerán por medio de los cauces institucionales, ya que no participo ni he participado en ninguna trama de corrupción. Mis decisiones se enderezan exclusivamente al derecho vigente y a los hechos acreditados en cada proceso”, manifestó el magistrado.

Mientras que Iván Saquicela había afirmado en el 2024 que nada de lo que dijo Michael Hernández es cierto y que es una estrategia para manchar su nombre, porque en ese momento era candidato presidencial.

Los otros implicados no se han pronunciado y tampoco fueron nombrados en el testimonio de Hernández.