El TCE archiva la denuncia contra Luisa González y Andrés Arauz por el manejo de fondos de campaña en 2023
El Tribunal Contencioso Electoral dio por concluido el proceso relacionado con las cuentas de campaña de las elecciones anticipadas de 2023.
El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) archivó este jueves de manera definitiva la denuncia electoral presentada contra los excandidatos presidenciales de la Revolución Ciudadana, Luisa González y Andrés Arauz, después de constatar que la multa impuesta dentro del proceso fue cancelada en su totalidad.
La decisión también alcanza a Estefanía Molina, señalada como responsable del manejo financiero de la campaña presidencial de la organización política durante las elecciones anticipadas de 2023.
El caso se originó por observaciones relacionadas con la presentación de los informes económicos y las cuentas de campaña de la Revolución Ciudadana, proceso que concluyó en mayo de 2026 con la ratificación, en última instancia, de una sendas multas de USD 18.000 para González, Arauz y Molina.
A inicios de junio, la excandidata informó que el valor había sido cancelado ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) con recursos obtenidos a través de una rifa organizada por simpatizantes de la Revolución Ciudadana en el cantón Chone, provincia de Manabí.
González sostuvo entonces que consideraba la sanción "injusta e ilegal".
El proceso electoral concluye, pero persisten otras investigaciones
Tras verificar el cumplimiento de la obligación económica, el TCE dispuso el archivo definitivo de la causa administrativa.
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Sin embargo, la excandidata correísta continúa siendo una de las principales investigadas dentro del denominado caso Caja Chica, en el que la Fiscalía indaga un presunto esquema de delincuencia organizada vinculado con supuesto lavado de activos y financiamiento político irregular durante la campaña presidencial de 2023.
Según la hipótesis del Ministerio Público, la campaña habría recibido recursos de presunta procedencia ilícita enviados desde Venezuela y relacionados con la estatal PDVSA.
Como parte de esa investigación, en enero de 2026 la Fiscalía y la Policía allanaron el domicilio de González en Quito, donde incautaron dispositivos electrónicos y documentación para las pericias correspondientes.
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González ha rechazado las acusaciones y sostiene que el proceso forma parte de una persecución política impulsada por el Gobierno del presidente Daniel Noboa.