Cooperativas bajo la lupa: Más de 30 han sido liquidadas desde 2022 por incumplimientos y problemas financieros

En el primer trimestre de este año, el anuncio de la liquida­ción forzosa de las cooperati­vas de ahorro y crédito Incoop y Cariamanga, en Ambato y Loja, res­pectivamente, alarmó a la ciudadanía. Un año antes, el cierre de la coopera­tiva CREA, en Cuenca, ya había causa­do preocupación, pues nadie esperaba que una entidad de su tamaño tuviera problemas de solvencia.

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De acuerdo con el último reporte de la Superintendencia de Economía Po­pular y Solidaria (SEPS), Incoop y Ca­riamanga no son las únicas en esta si­tuación. Hasta el cinco de mayo pasado, otras 36 cooperativas se encontraban en el mismo estatus; la mayor parte de ellas está en Ambato (11) y Quito (10).

El deterioro de los indicadores de solvencia y liquidez, la pérdida del capital social, los altos niveles de morosidad y las deficiencias administrativas son algunas de las razones que llevan a estas instituciones a enfrentar procesos regulatorios.

Sin embargo, también pueden originarse por el incumplimiento de las medidas correctivas previstas en la normativa y por la configuración de causales expresamente establecidas en el Código Orgánico Monetario y Financiero (COMYF).

Intervenir o liquidar una cooperativa no constituye una decisión discrecional ni responde a eventos aislados, aclara la superintendente de Economía Popular y Solidaria, Christina Murillo.

Es el COMYF el que establece un esquema de supervisión permanente, basado en niveles de riesgo, para identificar oportunamente problemas y promover su corrección antes de llegar a medidas extremas.

En función de dicho perfil, cada cooperativa tiene distintos niveles de inspección. Para las de riesgo muy bajo o bajo existe una supervisión preventiva; aquellas que presentan debilidades moderadas están sujetas a inspección correctiva, mientras que las de riesgo alto o crítico ingresan a un esquema de vigilancia intensiva.

Esta última se aplica cuando las condiciones económicas y financieras, la calidad del gobierno cooperativo o la gestión de riesgos presentan deficiencias significativas, o cuando se incumplen los requerimientos mínimos de solvencia.

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El esquema también procede cuando las entidades registran pérdidas en los dos últimos trimestres o cuando las proyecciones muestran que podrían incumplir los requerimientos patrimoniales mínimos en el corto plazo.

“La liquidación forzosa constituye una medida excepcional y se produce únicamente cuando concurren las causales establecidas en el artículo 303 del Código”, explica el Superintendente.

Desde 2022, la SEPS ha gestionado la liquidación forzosa de más de una treintena de cooperativas de ahorro y crédito (COAC) , algunas con mayor criticidad debido al volumen de depósitos y de socios involucrados.

Durante este período se gestionaron pagos por más de USD 231 millones a favor de los socios afectados. De este monto, USD 178,8 millones correspondieron a coberturas efectuadas por la Corporación del Seguro de Depósitos (COSEDE) y alrededor de USD 52,8 millones a recuperaciones provenientes de los procesos de liquidación.

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En la última década, el sistema coo­perativo ecuatoriano ha atravesado un proceso de saneamiento. Juan Pablo Guerra, gerente general de la Unión de Cooperativas de Ahorro y Crédito del Sur (UCACSUR), afirma que duran­te este periodo se han aplicado mode­los de regulación más rigurosos para el sector, un proceso que califica como inevitable para proteger a los socios y clientes de las cooperativas.

Por ello, Guerra señala la impor­tancia de que los recursos generados por el sector sean destinados efectiva­mente al fortalecimiento del organis­mo de control. En este sentido, explica que durante la aprobación del Presu­puesto General del Estado del año an­terior, la Asamblea Nacional redujo de manera significativa los fondos asignados a la SEPS.

Como consecuencia, una parte con­siderable de los aportes realizados por las cooperativas para financiar las activi­dades de supervisión y control de la en­tidad fue transferida al Tesoro Nacional.

Según Guerra, entre el 40 y 50 por ciento del total de estos recursos gene­rados por el sector terminó incorpo­rándose a las arcas públicas, en lugar de utilizarse para fortalecer la capaci­dad operativa de la Superintendencia.