Más de la mitad de los juicios por deudas en Ecuador son causados por pagarés

Entre enero de 2023 y febrero de 2026, el Consejo de la Judicatura registró 1.447.428 procesos judiciales por deudas en el Ecuador. El 56,1% corresponde a cobros de pagarés, muchos de ellos originados en refinanciamientos de tarjetas de crédito y créditos de consumo.

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Las provincias de la Sierra concentran el mayor porcentaje de juicios por pagaré respecto al total de sus demandas por deudas: en Cotopaxi, el 75,1% de sus procesos por deuda corresponden a cobros de pagaré, mientras que en Imbabura es el 71,0%, Chimborazo el 69,2% y Tungurahua el 66,5%.

Los pagarés son el mecanismo de cobro más utilizado por el sistema financiero. César Coronel, abogado de Defensa Deudores Ecuador, explica que en el país, refinanciar una deuda se vende como un alivio que implica cuotas más bajas y plazos extendidos. Pero, que los bancos y cooperativas rara vez explican que, en la mayoría de los casos, ese acuerdo incluye la firma de un pagaré.

Según el artículo 347, literal 5 del Código Orgánico General de Procesos (COGEP), el pagaré es un título ejecutivo que permite al acreedor iniciar un proceso de cobro directo. Quien no puede pagar las nuevas cuotas enfrentará, en cuestión de semanas, un embargo de sus bienes y dinero en sus cuentas.

Coronel señala que cuando una persona está sobreendeudada, la desesperación la lleva a tomar decisiones equivocadas, y el refinanciamiento es una de ellas.

“Si usted debe 10.000 dólares y ese dinero generó 4.000 de intereses, al refinanciar le toman como nuevo capital los 14.000 dólares y sobre ese monto aplican nuevamente el interés. Al final termina pagando el doble y el triple de lo que recibió. Pero además, si tenía una tarjeta de crédito, que es una deuda ordinaria, y la refinancia, esa deuda se convierte en ejecutiva, que es una vía de cobro más rápida y agresiva", advierte el especialista.

Cuando el deudor no puede cumplir las cuotas del refinanciamiento, el pagaré se hace ejecutable. Una vez notificado de la demanda, tiene 15 días hábiles para presentar su defensa. Si no actúa, el juez puede ordenar el embargo y remate de sus bienes.

Entre las herramientas legales disponibles para este proceso está la revisión de la legalidad del proceso, la verificación de irregularidades en el cálculo de intereses y, en deudas con antigüedad, solicitar la prescripción.

César Coronel cuenta que a su despacho llegó una señora que había hecho un préstamo de 20.000 dólares en una cooperativa. Había pagado ya 15.000 cuando perdió su trabajo y cayó en mora. Fue demandada, pero no se presentó al juicio y no aportó pruebas de los pagos realizados.

El juez la condenó a pagar la deuda completa. La sentencia es inapelable por no haber contestado a la demanda dentro de los 15 días posteriores a la citación. "La deuda no desaparece por ignorarla”, señala.

Casos similares se repiten en distintas ciudades del país, especialmente entre personas que refinanciaron deudas entre 2021 y 2023 y luego no pudieron sostener las nuevas cuotas.

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