Destituyen a la exjueza Anabel Torres, vinculada al Caso Pantalla, por abandono de trabajo; hay otros sancionados
En la sesión realizada este martes 17 de junio, el Pleno del Consejo de la Judicatura resolvió destituir a la exmagistrada.
La exjueza Anabel Torres, procesada por presunta asociación ilícita en el Caso Pantalla y llamada a juicio junto al expresidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, fue destituida de su cargo.
Según Fiscalía, los exfuncionarios procesados habrían actuado como autores directos de una estructura destinada a influir en el Concurso público de oposición y méritos, impugnación y control social para la selección de jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia, proceso que fue anulado en enero de 2024.
Lea también | Rastreo patrimonial a jueces y fiscales que liberan criminales: UAFE y Ministerio del Interior seguirán la pista del dinero
En la sesión realizada este martes 17 de junio, el Pleno del Consejo de la Judicatura resolvió destituir a la exmagistrada del Tribunal de Garantías Penales de Santo Domingo de los Tsáchilas, procesada por presuntas irregularidades.
La juzgadora fue sancionada, porque no asistió a su lugar de trabajo los días 19, 20, 21 y 22 de noviembre de 2024 e incurrió en abandono del trabajo, infracción disciplinaria tipificada y sancionada en el artículo 109 numeral 2 del Código Orgánico de la Función Judicial.
En su defensa, Torres alegó que durante esos días se encontraba bajo prisión preventiva, medida que fue dictada el 26 de octubre de 2024 para asegurar su comparecencia en el proceso penal en curso.
Finalmente, la Judicatura recalcó que, aunque Anabel Torres ya no ejerce funciones, la sanción dictada en su contra le impide reincorporarse a la Función Judicial.
Jueces sancionados y destituidos
En esta sesión, las autoridades también suspendieron a un juez de Esmeraldas, destituyeron a otro juzgador de Loja e impusieron amonestación escrita para dos conjueces nacionales, conforme el siguiente detalle:
En el trámite de una acción de protección, el juez actuó fuera de su jurisdicción territorial. Además, al disponer pagos a favor de los demandantes contra Petroecuador, habría generado un posible perjuicio económico al Estado ecuatoriano.
Fue suspendido de su cargo tres meses, sin sueldo. Esta es una medida preventiva mientras avanzan las investigaciones por la falta gravísima de error inexcusable, en el que habría incurrido el juzgador.
En un proceso colusorio no motivó debidamente una providencia. Únicamente hizo alusión a una norma sin que exista una fundamentación fáctica.
Ante estos hechos, el Consejo de la Judicatura resolvió su destitución del cargo.
Los magistrados incurrieron en retardo al admitir o inadmitir el recurso de casación interpuesto dentro de un proceso subjetivo. Por lo que fueron sancionados con amonestación escrita.