Judicatura responde a críticas por suspensión de jueces en caso Goleada: "La independencia no es inmunidad"
La institución rechazó que existan motivaciones políticas en las suspensiones cautelares.
La presidenta del Consejo de la Judicatura, Mercedes Caicedo, rechazó las críticas por la suspensión de tres jueces que revocaron la prisión preventiva de Aquiles Alvarez y sus hermanos en el denominado caso Goleada. Uno de los magistrados suspendidos asegura que actuó conforme a la ley y cuestiona la medida.
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A través de un pronunciamiento público, Caicedo afirmó que la independencia judicial constituye un principio del Estado de derecho y que ningún juez debe ser presionado por sus decisiones.
Sin embargo, precisó que "la independencia no es inmunidad ni impide que las instituciones actúen conforme a la ley".
La titular del Consejo insistió en que las suspensiones cautelares no son sanciones ni determinan responsabilidad, sino que son medidas temporales destinadas para proteger la confianza mientras avanzan las investigaciones, con respeto al debido proceso y la presunción de inocencia.
Asimismo, Caicedo cuestionó los pronunciamientos públicos.
Finalmente, aseguró que la Judicatura continuará actuando "con independencia, sin presiones y con compromiso a la Constitución y la ley" para fortalecer una justicia transparente.
Juez suspendido rechaza haber incurrido en error inexcusable
Uno de los jueces suspendidos, Byron Uzcátegui, defendió la decisión adoptada por el tribunal que levantó la prisión preventiva de Aquiles Alvarez y sus hermanos.
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En una entrevista con Ecuavisa, el magistrado sostuvo que actuó conforme al ordenamiento jurídico.
El juez también cuestionó que la medida se produzca en un contexto en el que, según dijo, la Función Judicial enfrenta una emergencia por la falta de jueces y personal.
"De un solo plumazo, la operatividad de la unidad se redujo al 50%", manifestó Uzcátegui.
Asimismo, expresó su preocupación porque, además del sumario administrativo iniciado por el Consejo de la Judicatura, la Fiscalía General del Estado abrió una investigación penal contra los tres magistrados.
Judicatura niega motivaciones políticas
En un comunicado emitido el 5 de agosto, el Consejo de la Judicatura explicó que la suspensión preventiva responde a una declaratoria jurisdiccional previa emitida por la Sala de lo Penal de la Corte Nacional de Justicia el 12 de julio de 2026, en la que se determinó que los jueces habrían incurrido en un presunto error inexcusable, considerado una falta gravísima.
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La institución también rechazó que existan motivaciones políticas o ajenas a sus competencias en este procedimiento disciplinario y enfatizó que los jueces cuentan con todas las garantías para ejercer su derecho a la defensa.
Además, aseguró que su actuación se rige exclusivamente por el marco legal vigente y el principio de legalidad, por lo que no caerá en debates de carácter político "impulsados por actores y sectores interesados".
Finalmente, informó que implementó un plan de contingencia para garantizar que las causas que estaban a cargo de los jueces suspendidos continúen tramitándose sin afectar el servicio de justicia.