El presidente Daniel Noboa dispuso este jueves 5 de noviembre la implementación de un mecanismo extraordinario para aplazar el pago de créditos de los ciudadanos afectados por el fenómeno de El Niño.
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La medida fue suscrita este jueves 5 de noviembre de 2026 con el objetivo de aliviar las dificultades económicas que podrían enfrentar ciudadanos y sectores productivos debido a las intensas lluvias o inundaciones.
Según el documento, las entidades financieras públicas, privadas y del sector popular y solidario, que incluye a las cooperativas de ahorro y crédito, podrán implementar un mecanismo para diferir hasta por 90 días el pago de cuotas de créditos.
El aplazamiento de las obligaciones crediticias será temporal, extraordinario y voluntario, y no generará intereses moratorios, gastos, recargos ni multas para los beneficiarios.
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¿Cómo funcionará el aplazamiento de las cuotas?
El decreto establece que el mecanismo está dirigido a los deudores afectados por el fenómeno de El Niño, cuyos ingresos y capacidad de pago podrían verse comprometidos por las consecuencias de las emergencias climáticas.
De acuerdo con el artículo 1 del Decreto Ejecutivo 529, el diferimiento podrá efectuarse de dos maneras:
La primera será a solicitud del deudor, siempre que la entidad financiera acepte aplicar el mecanismo.
La segunda será por iniciativa del banco o cooperativa, pero en ese caso será indispensable contar con la aceptación expresa del cliente.
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Esto significa que el aplazamiento no será automático ni obligatorio para todos los créditos.
Asimismo, el presidente estableció que la Junta de Política y Regulación Financiera y Monetaria emita la normativa necesaria para aplicar el mecanismo en un plazo máximo de 15 días, contados desde la publicación del decreto en el Registro Oficial.
El Niño amenaza la capacidad de pago de los ecuatorianos
El Gobierno justificó la medida ante las posibles consecuencias económicas del fenómeno de El Niño, especialmente en las actividades productivas y comerciales.
Según los considerandos del decreto, las condiciones climáticas adversas pueden alterar los ciclos de producción, abastecimiento y comercialización, además de provocar daños en infraestructura e incrementar los costos logísticos y operativos.
Entre los sectores que podrían enfrentar mayores dificultades constan el agropecuario, pesquero, comercial y de servicios, debido a las posibles pérdidas económicas y disminución de ingresos.
La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos declaró alerta roja en todo el territorio nacional el 29 de agosto de 2026. Desde entonces se han reportado al menos once fallecidos y cerca de 50.000 personas afectadas por las emergencias derivadas de las lluvias, que también han ocasionado daños en viviendas, infraestructuras y vías de comunicación.
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