La carrera por la calidad pisa el acelerador. Tres universidades se sumaron a la categoría A. En 2018 la evaluación será obligatoria y habrá una nueva tipología de clasificación.
Ofertar o no maestrías y doctorados, esa es la cuestión. Eso explica la competencia universitaria por ascender al podio. Al escoger una universidad, hay que saber que las de categoría C no pueden tener maestrías de investigación ni doctorados. En una B no hay doctorados. ¿Sinónimo de excelencia? Las universidades calificadas como A, están acreditadas para ofrecer todos los grados académicos.
La categoría D está en camino de extinción. Es un proceso a cargo del Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (Ceaaces), que no da tregua y que inició en 2008 con la evaluación del extinto Conea y la depuración de las “universidades de garaje”.
En mayo de este año, se dio a conocer una recategorización a la que se acogieron voluntariamente 12 universidades, más la Universidad de las Fuerzas Armadas (ESPE) que no fue calificada anteriormente.
Seis de estos establecimientos se quedaron en la categoría C. Tres ascendieron a la A: la ESPE, Universidad de Cuenca y Universidad de Especialidades Espíritu Santo. Y otras tres pasaron de la categoría C a la B: Universidad Técnica de Manabí, Universidad de las Américas (UDLA) y Universidad Internacional.
La producción científica, el equipamiento de laboratorios y la inclusión de procesos de investigación, fueron la razón principal por la que ascendieron. El titular de la Senescyt, René Ramírez, destacó que los logros son, en gran parte, reflejo de las nuevas asignaciones del Estado: en 2006, por ejemplo, la Universidad de Cuenca manejaba un presupuesto de 22 millones de dólares y ahora tiene 81; en el mismo período, la ESPE pasó de 33 a 72 millones; y la Técnica de Manabí, que subió de la C a la B, tiene un presupuesto de 42 millones, cuando en 2006 era de 14.
¿SON UNAS MEJORES QUE OTRAS?
Las críticas a la evaluación son permanentes. Algunos argumentan que el Ceaaces no se apega a la realidad de la universidad ecuatoriana y que los parámetros son casi imposibles de cumplir.
Para 2018, además de categorizadas, deberán someterse a un proceso para definir su tipología, de acuerdo a su actividad académica. Así, las universidades que opten por la investigación, deberán tener una planta docente con al menos un 70 por ciento de profesores con Ph.D. o su equivalente. Para las que se dediquen a la docencia, el requerimiento baja al 40 por ciento. Y para las que se definan como de “educación continua” el índice será más bajo.
Según Pablo Vanegas, rector de la Universidad de Cuenca, todavía deben reconsiderarse algunos parámetros. “En las universidades públicas la normativa limita la ejecución de procesos, por ejemplo, en la contratación pública, lo cual limita el desarrollo en el campo de la investigación. El requerimiento de Ph.D. también debería ser a un plazo más largo”.
Francisco Cadena (Ceaaces) dice que este es un proceso irreversible y cada vez irán ajustando los parámetros de evaluación, que no necesariamente suben. “Nos vamos ajustando. Por ejemplo, la evaluación del Conea exigía que haya un profesor a tiempo completo por cada 20 estudiantes. En 2013 consideramos que era mejor ubicar la cifra en 25, y en esta última evaluación pusimos 30”.